Una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Valencia ha presentado este miércoles escritos en la Delegación de Gobierno en el que piden al Ejecutivo estatal la "derogación inmediata" de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, por considerarla "antidemocrática, ilegítima, injusta e inconstitucional" dado que "impide el libre ejercicio del derecho de libertad de expresión, reunión y manifestación".

Según ha indicado a los periodistas uno de sus portavoces, José Luis González, han llevado al registro dos documentos, uno de carácter individual y otro colectivo, al igual que está previsto que realicen las más de 30 PAH de la Comunitat Valenciana y 230 a nivel estatal.

Desde PAH Valencia mantienen que esta norma "criminaliza la protesta, que es lo último que se puede quitar en una sociedad democrática, y también la miseria y la exclusión social".

"Nos quieren tapar la boca", ha criticado González, quien ha reivindicado que, "en democracia, un gobierno lo que tiene que hacer es escuchar a la ciudadanía". "Nos preocupa que hayan aumentado las sanciones y que estén empeñados en utilizar el miedo como arma, como elemento disuasorio", ha aseverado.

"las plataformas no van a callar"

En cualquier caso, ha remarcado que "las plataformas no van a callar", sino que van a "continuar defendiendo el derecho humano y constitucional a la vivienda".

Desde PAH Valencia cuestionan que, por la "indefinición" de esa ley, acciones como las "ocupaciones de bancos" puedan ser consideradas "perturbaciones relevantes o desórdenes que alteran la paz pública", en función del "criterio del policía" que actúe. En este sentido, defienden que "los derechos y libertades están por encima del juicio subjetivo de individual de una persona que, en ese momento, representa la ley".

También han criticado la "sustitución de la autoridad judicial por una autoridad policíaca", que interpretan como "un paso peligroso hacia un régimen opresor".

En su escrito, con motivo de la entrada en vigor de esta norma y de la reforma del Código Penal, señalan que estas iniciativas "sancionan, prohíben y criminalizan prácticas tan normalizadas como parar un desahucio o asistir a una persona sin papeles". A su juicio, son "leyes que castigan la pobreza, la solidaridad y la protesta".

Al respecto, reprueban que "lo hacen en nombre de la seguridad ciudadana, pero son la respuesta de quienes sienten cualquier iniciativa social como una amenaza a sus privilegios", y "emanan de su incapacidad por vivir con alegría el despertar de la gente, la toma de calles, la defensa de derechos laborales o el uso de plazas como espacio de reflexión colectiva".

"miedo al deseo de democracia"

"No entran en vigor para garantizar la seguridad ciudadana, sino para convertir en ley su temor, el miedo que les despierta el deseo de democracia. Por eso se defienden atacando", expone el escrito.

La entidad apunta que, "en los últimos meses, su aprobación ha despertado la preocupación y el rechazo de una amplia mayoría social", pero "la última palabra" corresponde a "los principales afectados, quienes defienden diariamente el derecho a la vivienda, creen en el derecho a la información libre, salen a la calle reclamando educación pública y sanidad universal, no tienen papeles, sufren las consecuencias de un empleo precario o quienes simplemente piden más democracia".

"Por ello, una vez agotadas todas las vías posibles, sólo nos queda una alternativa: la de no consentir, la de no refrendar sus leyes con nuestro silencio", subrayan desde PAH Valencia, y de ahí, la presentación del escrito en el que exigen la "inmediata derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de todas aquellas que vulneran los derechos y libertades de la ciudadanía".