El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a una persona investigada en la causa por el presunto fraude en las subvenciones de cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'. Ésta ha defendido que cumplieron los requisitos exigidos, según han informado fuentes judiciales.

El juez ha tomado declaración a una mujer relacionada con una entidad empresarial sin ánimo de lucro, a la que se concedió una ayuda de 98.900 euros para un curso de programador de aplicaciones informáticas, que fue subcontratado con una empresa vinculada con los investigados y que se desarrolló en la sede de otra sociedad, también relacionada, ubicada en Coín (Málaga).

Ésta, que era presidenta y monitora, pero también una de las administradoras de la entidad, ha defendido que actuaron dentro de la legalidad, manteniendo la misma línea que los otros tres investigados relacionados con este curso, que ya declararon hace unas semanas, y que señalaron que la formación se impartió y que contrataron a siete alumnos, aunque no estuvieron todo el tiempo porque encontraron otro trabajo.

Los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incidían en sus primeros informes, incluidos en el sumario, en que existe una vinculación entre las empresas y en que se utiliza la entidad sin ánimo de lucro para obtener subvenciones que luego gestionan alguno de los miembros de la misma, pero a través de otras empresas, con el fin de "enriquecerse".

Al respecto, la persona que ha declarado este martes ha indicado que no solo no se enriquecieron, sino que han tenido pérdidas. Ha explicado, según las fuentes, que para subcontratar el curso se recibieron tres ofertas y la mejor fue la que resultó elegida. También iba a declarar otra mujer, pero el juez ha dejado sin efecto la declaración y provisionalmente su imputación por enfermedad.

Ésta es una de las 17 empresas investigadas que obtuvieron subvenciones —por algo menos de dos millones de euros en global— en la convocatoria de ayudas, con compromiso de contratación, del 15 de diciembre de 2010. En el marco de estas diligencias, ya han comparecido ante el juzgado instructor una veintena de personas, relacionadas con distintas empresas.

En esta causa se investigan delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apunta en sus pesquisas a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior.

Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas a las que se dieron fondos y de los profesores; además de que en ocasiones no se llegaron a dar los cursos.

Pero también se habrían encontrado irregularidades posteriores, al, supuestamente, incumplirse a veces el compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o detectar falsedades en partes de asistencia, así como falta de control de la Administración durante el curso y en la liquidación de las subvenciones.