La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado archivar la causa de la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid ante los indicios de que su expresidente Miguel Blesa y su mano derecha Ildefonso Sánchez Barcoj pudieron cometer un delito de administración desleal.

En un auto, el tribunal madrileño defiende que debe confirmarse si esta operación se hizo con un sobreprecio de 450 millones de euros, pues de ser así habría generado "menoscabos directos, importantes y económicamente cuantificables a la sociedad española, obligando a todos los ciudadanos a realizar serios y prolongados sacrificios".

Para la sección 15 de la Audiencia, "es un hecho notorio" que la entidad atravesó "una delicada situación", hasta el punto de que Bankia, en la que se integró después, necesitó la aportación de una "importante cantidad de fondos públicos para poder solventar la seria crisis de solvencia en la que la caja terminó incurriendo".

La Audiencia ha llegado a esta conclusión tras resolver los recursos de Blesa, Barcoj, el exdirectivo Rafael Sánchez-Lozano y los miembros del Comité financiero Juan Bartolomé, Gonzalo Alcubilla, Fernando Sobrini, Luis Crespo y Matías Amat contra el auto en el que el juez de instrucción número 9 de Madrid los imputó el 7 de enero del pasado año.

No obstante, acepta parcialmente algunas de sus alegaciones y cree que solo hay motivos para mantener imputados a los tres primeros, pues el resto no participó en los hechos al no ser miembros del Consejo de Administración.

Pero señala que solo deben ser investigados por un delito de administración desleal y no de falsedad documental como sostenía en su querella el sindicato Manos Limpias, cuya legitimación para ejercer la acusación popular acepta, aunque eleva la fianza que debe prestar para ello de 500 a 6.000 euros.

Con Blesa como presidente, Caja Madrid anunció en 2008 la compra del 83 por ciento del City por 927 millones de dólares (unos 618 millones de euros en aquel momento) y posteriormente adquirió el cien por cien tras aportar otros 190 millones de dólares (unos 127 millones de euros).

En mayo de 2013, Bankia lo vendió al grupo chileno BCI-Banco de Crédito e Inversiones por 882,8 millones de dólares, unos 683,3 millones de euros, en una operación con la que se anotó cerca de 180 millones de euros en plusvalías.

De hecho, en su escrito, Blesa aludía a estas plusvalías, al tiempo que arremetía contra el "seudosindicato, que se dedica sistemáticamente a formular esta suerte de querellas y a explotar mediáticamente este tipo de procedimientos" que terminan afectando a los denunciados "personal, social y profesionalmente".

Según el exbanquero, la adquisición que le llevó en dos ocasiones a la cárcel en la primavera de 2013, no eludió ningún control, sino que se sometió al de "las autoridades competentes, tanto el supervisor en España como el estadounidense".

"No cabe concebir que el Banco de España, que vela por la solvencia y estabilidad del sistema financiero español, autorizase tal adquisición siendo sabedor de la debilidad del proyecto, de un supuesto riesgo inasumible, o de que existiese un precio supuestamente desorbitado en relación con el valor de la entidad adquirida", argumentaba.

La querella, proseguía, omitió "voluntariamente" que la caja abrió una oficina en Miami en el año 2000 y obtuvo beneficios desde el primer ejercicio completo cerrado después de su apertura, por lo que cuando adquirieron el banco "conocían el mercado y su evolución".

Por último, subrayaba que la operación no requería la autorización de la Comunidad de Madrid, la cual "conoció perfectamente esta inversión".

Sin embargo, la Audiencia desoye esos argumentos y considera que debe seguir siendo investigado porque como "máximo responsable" de Caja Madrid, "necesariamente hubo de tener una intervención determinante en la decisión cuya legalidad penal se cuestiona".