Un total de 1,8 millones de hogares españoles, el 9,88% del total, se encuentra en situación de pobreza energética, el triple que antes de la crisis, según el informe Pobreza energética en España. Análisis económico y propuestas de actuación, elaborado por los investigadores de Economics for Energy.

Estos datos están calculados conforme al criterio de estándar mínimo de ingresos, que es la renta mínima necesaria para evitar la exclusión social, lo que evita los "falsos positivos" del indicador más usado en Europa, que considera que existe pobreza energética cuando el gasto en energía supera el 10% de los ingresos, según los investigadores.

De esta manera, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética en España —los que no pueden atender a sus necesidades básicas— ha pasado del 3,6% en 2007 al 9,88% en 2013, que es la última fecha que incorpora el estudio, unas cifras "parecidas a las de otros países europeos", según ha explicado el investigador Pedro Linares.

Este problema de pobreza energética "en gran medida coincide con la pobreza general", ha asegurado Linares, quien ha apuntado que también hay que tener en cuenta cuestiones como la eficiencia energética y los altos costes de la energía.

En ese sentido, según sus cálculos, la factura eléctrica para un hogar medio se encareció un 76% entre 2007 y 2014 y la gasista, un 35%. De acuerdo a este informe, las comunidades autónomas con mayores indicadores de pobreza energética son Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía y Murcia.

Por tipología, los investigadores apuntan que los hogares con mayor riesgo de pobreza energética son las familias con hijos, con bajos ingresos, inestabilidad laboral y que vive en régimen de alquiler, al tiempo que sitúan entre las causas el aumento de la brecha entre rentas altas y bajas durante la crisis.

Como solución, Economics for Energy aboga por un bono social configurado de manera distinta al existente actualmente, que consiste en un descuento sobre la factura eléctrica que pagan el resto de los consumidores.

Su propuesta se basa en una ayuda fija o cheque, sufragada por los presupuestos públicos, restringida a hogares vulnerables, que solo podría utilizarse para pagar las facturas energéticas consideradas básicas y que comprendería todas las fuentes —electricidad, gas, etc—.

En principio, ha explicado Linares, esta medida supondrá que "nunca se va a cortar" el suministro a estos hogares porque dispondrán de fondos para abonar las facturas, aunque ha reconocido que una mala aplicación de la política podría llevar a impagos, en cuyo caso propone garantizar un suministro mínimo. Además, apuesta por el fomento de la eficiencia energética y que las tarifas energéticas recojan únicamente sus costes, sin incluir otros conceptos relacionados con decisiones políticas.