El coordinador provincial de IULV-CA y secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, José Antonio Castro, podrá acceder este martes, 19 de mayo, al centro que la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) tiene en Málaga, después de que se le hubiera negado la entrada el pasado abril. De este modo, pretende conocer la situación del servicio, inmerso en un conflicto laboral ante "la precariedad y malas condiciones que conlleva la gestión externalizada" y que ha provocado el encierro de trabajadores.

Según ha informado a Europa Press Castro, a finales del pasado mes se personó en las instalaciones de EPES, en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), para "conocer el problema de primera mano y comprobar el funcionamiento del servicio"; sin embargo, "me encontré con la sorpresa de que un centro público, al que debería poder acudir cualquier ciudadano para realizar distintas gestiones, se encontraba cerrado a cal y canto".

"Comprobé cómo se hacía rodear el edificio a los usuarios para hacerles entrar por la puerta de atrás, donde hay dos vigilantes jurado", ha advertido Castro. La "gravedad" del asunto radica sobre todo en el hecho de que, "cuando intenté acceder para compartir un encuentro con los trabajadores que se encuentran en asamblea permanente, se me negó la entrada".

Una decisión que tacha de "innecesaria", aunque la acató teniendo en cuenta que no comunicó con anterioridad su presencia. No obstante, ha incidido en que lo que no entiende, y mucho menos comparte, es que "la responsable de dicho centro se negara a recibir por unos minutos a un diputado andaluz y miembro de la Mesa del Parlamento", algo que parece ser que "no es la primera vez que ocurre".

"La excusa no pudo ser más ridícula: necesitaba autorización de sus superiores", ha indicado el responsable en Málaga de Izquierda Unida, quien, tras todo lo ocurrido, se quedó con la sensación de que "hay algo que ocultar".

Por ello, el pasado 5 de mayo registró un escrito dirigido a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en funciones, María José Sánchez Rubio, pidiéndole autorización "a la mayor brevedad posible" para acceder al centro de EPES "a fin de conocer su realidad y funcionamiento, así como atender dignamente a los representantes de los trabajadores".

Su objetivo, ha subrayado Castro, es "asegurar los derechos y la defensa de un servicio que es trascendental y sobre todo su carácter público".

En este punto, ha lamentado que "se haya convertido en un servicio privatizado, dependiendo de una empresa que lo que quiere es generar beneficios". "Antes era personal del SAS los que atendían las llamadas de urgencias, pero ahora son teleoperadores de Mkplan21 —subcontrata encargada de la gestión de emergencias sanitarias en Andalucía—, aunque estén coordinadas por un médico", ha expuesto.

PRESIONES

Además, ha alertado de que estos trabajadores "están sometidos a presiones en cuanto a cuestiones como el tiempo de atención de las llamadas, lo que es incompatible con este tipo de servicio y acaba traduciéndose en un deterioro del mismo a pasos agigantados".

Ante esto, la titular andaluza de Salud se puso en contacto con Castro esa misma semana, cerrando una visita para este martes, a las 08.15 horas, y durante la que la gerencia del centro le mostrará el funcionamiento y podrá atender a los trabajadores que se encuentran en asamblea permanente; a partir de ahí, "podré empezar el trabajo parlamentario correspondiente".

El diputado andaluz de la coalición de izquierdas por Málaga ha agradecido a Sánchez Rubio "su diligencia y que mostrara su preocupación al ver cómo se habían gestionado los hechos".