Los chicos de menos de 14 años que cometen un asesinato no son imputables en España, tal y como indica la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores. La Ley del Menor establece en el artículo 1 de su título preliminar que la ley "se aplica para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de 18 años por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código penal".

En el título I artículo 3, la ley del Menor especifica que "cuando el autor de los hechos sea menor de 14 años, no se le exigen responsabilidades de acuerdo con esta Ley (....)"., señala la normativa que data del año 2000. La edad penal en España se establece en los 18 años, pero a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades.

De esta forma, el alumno que presuntamente ha matado a su profesor este lunes en Barcelona no sería responsable de este delito. La legislación indica que las medidas que deben adoptarse en casos como éste deben orientarse al ámbito educativo y familiar

El juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, que este lunes estaba de guardia, ha abierto diligencias por el crimen. Además, el fiscal deberá remitir a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), la entidad pública de protección de menores, todo lo recabado en la investigación.

El alumno no podrá ser privado de libertad y se someterá a un trabajo de reeducación, ha afirmado la directora general de Atención a la Infancia, Mercè Santmartí. En declaraciones a los medios, Santmartí se ha limitado a explicar el protocolo al que se someten los menores de 14 años que, por ley, "son inimputables" y no pueden ser declarados culpables.

El protocolo consiste en hacer un seguimiento al menor con el trabajo de profesionales educativos y psicólogos que puede durar "tanto tres sesiones como diez", y siempre con una segunda evaluación antes de dar por acabado el tratamiento. El objetivo de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), organismo que se encarga de los asuntos conflictivos de menores, es el de "prevenir que estos casos se puedan repetir a través de un trabajo de mediación y reparación psicológica", ha indicado Santmartí.

"El trabajo de mediación con el menor conflictivo busca que éste no pueda repetir sus acciones en un futuro, con 14 años, y cometa delito, ni más adelante", ha explicado la directora de Atención a la Infancia. Según Santmartí, siempre que los padres tengan plena capacidad educativa, el trabajo se limita al menor, que hará "una vida normal" aunque no ha querido concretar más, puesto que la DGAIA acoge a cualquier menor que haya cometido alguna infracción como puede ser "quemar una papelera".

En cuanto se detecta un suceso, el menor "llega a la DGAIA, se hace un diagnóstico de la situación y se hace una valoración de trabajo" para ver qué tratamiento o qué trabajo es el mejor, y con qué profesionales debe tratar el joven. "Una vez se le ha reeducado y tenemos una doble confirmación, ya se puede cerrar el caso", ha expuesto Santmartí.

La secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que el Gobierno no tiene "encima de la mesa" reformar la ley de responsabilidad del menor y ha planteado la necesidad de estudiar el entorno violento que rodea a los jóvenes. "Algo está pasando en la sociedad; los jóvenes están cada vez más rodeados de violencia, en las series, en el cine, en las redes sociales, en los videojuegos; es una situación en la que tenemos que trabajar y pensar qué es lo que está pasando", ha señalado.

La secretaria de Estado ha recordado que el Gobierno ha trasladado al Parlamento la ley de protección de la infancia, que aborda la situación que tienen los menores con problemas en los centros y su recuperación, y en la que no se plantea cambiar la legislación de responsabilidad penal de los menores.

"Nosotros hemos hecho una modificación de la ley de protección de la infancia donde se mantiene tal y como estaba; lo que creo más importante es trabajar por la sensibilización de que la violencia no es el camino y trabajar porque estos hechos no ocurran", ha señalado. "Nuestro jóvenes son nativos digitales, pero no aprecian los problemas y los nuevos tipos de violencia que se manifiestan por internet", ha alertado la secretaria de Estado, quien ha aconsejado, como madre, dedicar más tiempo a los hijos. "El control, el acompañamiento y la educación deben estar en la familia".

La edad de responsabilidad penal, a partir de la cual un menor puede ser considerado responsable de sus actos y por lo tanto condenable a sanciones penales, varía en función de los países europeos.

El caso de España es muy similar al de Italia o Alemania, donde un menor de 14 años que presuntamente haya cometido un delito no puede ser considerado penalmente responsable del mismo.

En Francia, la responsabilidad penal de un menor está fijada a partir de 13 años —diferencia también entre menores de 10 años y entre 10 y 13, aunque en ambos casos conllevarían medidas y sanciones educativas, en ningún momento penales—.

Por su parte, Inglaterra y Gales tienen una de las edades más bajas de Europa en este sentido: a partir de 10 años un menor puede ser declarado responsable de un determinado delito.

Por otro lado, la edad de responsabilidad penal en Holanda y Bélgica está fijada a partir de los 12 años, mientras que en Grecia, los niños con edades comprendidas entre 8 y 13 años no pueden ser considerados penalmente responsables de un delito y sólo pueden ser objeto de medidas educativas o terapéuticas por cometer actos que serían delitos penales para un mayor de edad.

En EE UU, la edad mínima se establece tanto a nivel estatal como federal. A nivel estatal, 33 estados no tienen fijada una edad mínima de responsabilidad penal, lo que permite teóricamente a cualquier niño ser condenado a penas criminales sea cual sea su edad. Entre los estados que sí fijan una edad mínima, Carolina del Norte tiene la edad más baja, 7 años, mientras que Wisconsin tiene la más alta, 10 años.