El juicio por fraude fiscal contra uno de los empresarios implicados en el caso 'Marea', Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín (APSA), previsto inicialmente para este jueves, día 16, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, ha quedado aplazado 'sine die', han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. También esta pendiente de fechar el juicio con el otro empresario imputado por el caso 'Marea', Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo.

En ambos casos, los delitos de fraude contra la Hacienda Pública se juzgan por separado de la causa penal del caso 'Marea', en el que entre los principales imputados están el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo.

En el caso del administrador único de Almacenes Pumarín, de acuerdo al relato fiscal, dicha sociedad constaba matriculada en el impuesto de actividades económicas en los epígrafes comercio al mayor de muebles, comercio al mayor de maquinaria y material de oficina y comercio al mayor de artículos de papelería y escritorio.

Esto coincidía con su objeto social, consistente en la venta y comercialización de maquinaría de oficina y reprografía, maquinaria audiovisual, maquinaria, equipos y material de laboratorio, accesorios y equipos complementarios para estas máquinas, artículos y material escolar y pedagógico, artículos de librería, papelería y material escolar, artes gráficas, manualidades y similares; así como todo tipo de utensilios, accesorios y útiles de cocina y comedor y en general accesorios, recambios y reparaciones de esta maquinaria.

Sin embargo, en el mes de julio de los años 2007, 2008 y 2010, en relación con el Impuesto de Sociedades correspondientes a los periodos impositivos 2006, 2007 y 2009 respectivamente, presentó autoliquidaciones siguiendo el modelo 200, en las que el acusado conscientemente consignó datos "tergiversados", que no se correspondían con la realidad de su actividad empresarial, con el fin de minorar la tributación debida, ocultando y desdibujando el volumen real de sus ingresos netos.

Datos ficticios

Según el Ministerio Público, "esencialmente se dedujo gastos inexistentes o no deducibles, no declaró ventas reales y afirmó unas existencias inferiores a las realmente habidas en la empresa". Así en relación con el Impuesto sobre Sociedades del año 2006, se calcula una cuota defraudada a Hacienda cifrada en 731.801,98 euros, mientras que en 2007 la cifra sería de 830.562,04 euros y en 2009 de 400.420,25 euros. Igualmente, con relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido del año 2007, se calcula una cuota defraudada de IVA de 152.456,12 euros.

En este sentido, en el informe fiscal se asegura que el imputado infló ficticiamente los gastos de la sociedad y el IVA soportado, y cubriéndose formalmente frente a posibles reclamaciones de Hacienda, se concertó con otro de los acusados, trabajador autónomo dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe de fabricación de mobiliario de madera, a quien le propuso que emitiera como autónomo facturas a APSA que no se correspondieran con ningún trabajo real hecho para dicha sociedad, a cambio de cobrar el IVA teóricamente soportado o alguna pequeña suma del importe consignado en la factura.

Supuestamente, este segundo acusado emitió diez facturas en el año 2006 por importe global de 740.925,28 euros y otras seis en el año 2007, siendo la última de ellas de fecha 5 de junio de 2007, por importe total de 375.456,03 euros, bajo los conceptos de "montaje y colocación de mesas y mamparas", o " montaje y colocación* de puertas y estantes" o "montaje y colocación de estanterías y puertas", facturas que no se correspondían con ningún trabajo realizado por él a APSA, ya que carecía de trabajadores prácticamente, no tuvo consumo de luz en dichos periodos, no realizó compras de material ni efectuó gasto de trasporte alguno.

Exclusivamente el gasto deducido por estas facturas irreales por APSA suponía, al margen del resto de datos no acordes con la realidad que obraban en las autoliquidaciones, una cuota defraudada en los Impuestos sobre Sociedades de 2006 y 2007 de 259.323,85 euros y 122.023,21 euros, respectivamente.

Delitos fiscales y falsedad documental

Por todo ello, la Fiscalía le imputa cuatro delitos contra la Hacienda Pública del artículo 305 del Código Penal; en concurso ideal medial tres de ellos (los correspondientes al Impuesto sobre Sociedades de los años 2006 y 2007 y al IVA del año 2007) del artículo 77.1 del Código Penal, con un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392.1 del código penal en relación con el 390.1 apartado segundo y 74 del mismo texto legal; todos artículos referidos al código penal vigente a la fecha de los hechos.

Con base a ello, el Ministerio fiscal solicita una pena de ocho años de prisión por cuatro delitos contra la Hacienda Pública y 22 meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, así como el pago de varias multas por el valor de lo defraudado. En el caso de las multas deberá responder de forma directa y solidaria la entidad 'Almacenes Pumarín S.A'.

Para el segundo de los acusados, el fical pide una condena de seis años de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, como cooperador necesario, y 22 meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, como autor del mismo.

Asimismo, se pide que se condene a la empresa Almacenes Pumarín* durante tres años por cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública, a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Además, el empresario y Almacenes Pumarín deberán de indemnizar de forma solidaria a la Hacienda Pública en la suma de 731.801,98 euros por la cuota defraudada correspondiente al impuesto sobre sociedades del año 2006; en la suma de 830.562,04 euros por la cuota defraudada correspondiente al impuesto sobre sociedades del año 2007, en la suma de 400.420,25 euros por la cuota defraudada correspondiente al impuesto sobre sociedades del año 2009 y en la suma de 152.456,12 euros por la cuota defraudada correspondiente al impuesto del Valor Añadido del año 2007; con los intereses legales correspondientes.

A estas citadas sumas, referidas a los impuestos sobre sociedades de los años 2006 y 2007, e IVA del 2007, será condenado de manera directa y solidaria el trabajador autónomo imputado en el caso, de acuerdo al informe del Ministerio Público.