El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de acción exterior de Cataluña y ha acordado su suspensión automática, tal y como solicitaba el Ejecutivo.

El Pleno del Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado así como al Gobierno y Parlamento de Cataluña, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 6 de marzo la presentación de un recurso al TC contra 17 artículos de la ley catalana de acción exterior al Tribunal Constitucional, al que solicitó la suspensión de la norma.

El Gobierno entiende que esos preceptos vulneran la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales y establecen que compete al Gobierno de la nación dirigir la política exterior.

Se trata de cuatro artículos del Título Preliminar (del 1 al 4), y otros trece del resto de la ley, que consideran a la Generalitat como un actor internacional al margen del Estado español (artículos 5 al 9), el 26, relativo a las relaciones con otros países, más allá del ámbito de las relaciones con la UE, así como los que regulan la representación de la acción exterior catalana (del 29 al 33) y la diplomacia catalana (del 34 al 38).

El pasado 28 de noviembre, el Parlamento catalán aprobó el proyecto de ley de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, que el Gobierno de Artur Mas definió como un paso más en las "estructuras de Estado" de este territorio.

La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal Constitucional resolverá en próximas fechas, recuerda la institución en el comunicado en el que informa de la decisión adoptada hoy por el Pleno.

Por su parte, el Gobierno catalán mantiene su acción exterior y no modificará sus planes de futuro, que incluyen la apertura de nuevas delegaciones, pese a la suspensión que ha decretado hoy el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley autonómica que la regula, según informan fuentes de la Generalitat.

Fuentes del Ejecutivo catalán consultadas han asegurado que esta suspensión provisional no modificará la agenda. Así, indican las mismas fuentes, se continuarán ejecutando las actuaciones sobre los "marcos legales disponibles", habida cuenta de que el Estatut vigente permite la acción exterior de Cataluña.