Dos acusaciones piden la imputación de la auditora Deloitte por avalar las cuentas de Bankia

  • El colectivo 15MpaRato y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) apuntan que la compañía no efectuó ninguna salvedad "en ningún momento".
  • Las cuentas tuvieron que ser reformuladas tras la intervención del Estado y pasaron de arrojar unos beneficios de 309 millones a unas pérdidas de 2.979.
  • Ver el escrito de petición de imputación de Deloitte (PDF).
Cajeros de Bankia
Cajeros de Bankia
Jorge Paris

El colectivo 15MpaRato y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), acusaciones populares en la causa en la que se investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, han solicitado la imputación de la compañía Deloitte y de su socio auditor, Francisco Celma, por avalar las cuentas de la entidad en 2011.

El colectivo 15MpaRato, que se ha adherido a una petición solicitada el pasado 10 de marzo por la CIC, considera que Deloitte "en ningún momento" efectuó "ninguna salvedad a las cuentas de Bankia que, según los informes de los peritos independientes designados por el Banco de España, contenían "importantes errores que ya se conocían" en el momento de ser elaboradas.

Las cuentas tuvieron que ser reformuladas tras la intervención del Estado y pasaron de arrojar unos beneficios de 309 millones de euros a unas pérdidas de 2.979 millones de euros.

Las acusaciones también fundamentan su petición, entre otras razones, en la declaración de la exconsejera de Bankia e integrante de la Comisión de Auditoría Araceli Mora, que declaró ante el juez Fernando Andreu el 18 de diciembre de 2012 que Celma justificó el retraso en la presentación del informe de auditoría sobre las cuentas de 2011 alegando que el expresidente, Rodrigo Rato, estaba manteniendo "negociaciones" sobre el futuro de la entidad.

Mora, que dimitió en la mañana del 25 de mayo de 2012 para no tener que aprobar las cuentas reformuladas, defendió la coherencia del primer balance y señaló que el 3 de mayo, tras enterarse por el periódico de que éste había sido aprobado sin el informe de la auditora, telefoneó a Celma para pedirle explicaciones. "Tú sabrás, que estáis de negociaciones", le contestó el auditor, según fuentes presentes en la declaración de la exconsejera.

"Dudas razonables" sobre la viabilidad

Además, las acusaciones de la CIC y del 15MpaRato recuerdan que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía sancionó con una multa de 12 millones de euros a Deloitte tras considerar que los procedimientos que había seguido para avalar estas cuentas "no fueron acordes a las normas de contabilidad ni realizados con la independencia requerida".

En la declaración judicial que prestó el pasado 20 de febrero de 2013 ante el juez Andreu Celma aseguró que en marzo del año anterior advirtió a la dirección de Bankia de que existían "dudas razonables sobre la viabilidad futura del grupo" y que, a su juicio, el plan de capitalización que aprobó el Banco de España en abril tampoco garantizaba su solvencia, informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración.

El testigo, que permaneció declarando durante más de cinco horas, defendió que la auditora fue avisando puntualmente de la situación en que se encontraba el grupo financiero, lo que contradice tanto la versión aportada por Rato como por el resto de exconsejeros de la entidad, que apuntaron que sólo se realizaron objeciones a la situación del Banco Financiero de Ahorros (BFA).

El representante de la firma, que se encargó de la auditoria externa para Bankia y BFA, explicó que no avaló las cuentas de Bankia en 2011 que presentó el equipo de Rodrigo Rato porque habría sido ilegal, ya que no le llegaron firmadas por los miembros del Consejo de Administración. "No se pudo emitir informe de auditoria hasta el 25 de mayo de 2012, cuando se presentaron las cuentas formuladas y firmadas", dijo.

2.424 demandas civiles

Los accionistas que acudieron a la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 han presentado hasta el momento 2.424 demandas civiles en las que reclaman a la entidad la devolución de 70 millones de euros y en las que se han dictado 236 sentencias, el 85% de ellas contrarias a la entidad.

Durante su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso, el presidente del fondo de rescate español, el FROB, Fernando Restoy, ha asegurado que en los últimos meses han aumentado las demandas de minoristas y que, hasta el momento, no se han recibido reclamaciones por parte de los inversores institucionales que acudieron a la operación.

Con todo, la entidad calcula que la cantidad total que podría tener que devolver ascendería a 780 millones de euros, que están provisionados.

Asimismo, consideró "equilibrado" el acuerdo de entre la matriz de Bankia, BFA, y la propia entidad para repartir las devoluciones derivadas de las demandas civiles, que asciende al 40% en el caso de Bankia (un máximo de 312 millones) y al 60% en el de BFA, es decir, 468 millones.

Creo, dijo, que este acuerdo favorece la estabilidad de la entidad cotizada, lo que redunda en beneficio de su accionista de control, que no es otro que el Estado a través del FROB, explicó.

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