Las defensas de varios de los 13 acusados en el juicio del caso Gürtel por los contratos de la Generalitat valenciana con la red corrupta para Fitur han reclamado la nulidad del juicio por la vulneración del derecho de los acusados.

Concretamente lo piden por vulneración de derechos fundamentales, detenciones ilegales, intervención de comunicaciones telefónicas, derecho a la intimidad y vulneración del derecho de defensa.

En la primera sesión del juicio, que previsiblemente se extenderá hasta octubre, dedicada a cuestiones previas, la Fiscalía ha solicitado la declaración como testigo de Juan Carlos Rincón, trabajador de Orange Market en "la primer época", en 2005, que podría aportar información relevante respecto a la organización de la presencia de la Comunitat Valenciana en Fitur.

El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009, durante el Gobierno de Francisco Camps, ha comenzado este martes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y se desarrollará a lo largo de 37 de sesiones, hasta el 8 de octubre.

Trece procesados, entre ellos dos exconselleras y los supuestos cabecillas de la trama, se sientan en el banquillo de los acusados en el que supone el segundo juicio de la rama valenciana del caso Gürtel que se celebra en la Comunitat, tras la denominada "causa de los trajes", en la que se absolvió a Camps y Ricardo Costa.

Esta es, además, la primera de las seis piezas separadas sobre supuesta financiación irregular del PPCV que llega a juicio, y posiblemente la única que se juzgue en el TSJCV, ya que en las cinco restantes el alto tribunal valenciano ha pedido que lo haga la Audiencia Nacional, al no quedar aforados en ellas.

El juicio que acogerá el Palacio de Justicia arranca con un año de retraso, ya que la dimisión como diputadas de las dos exconselleras a pocos días de la fecha inicial del proceso generó un conflicto de competencias que llevó finalmente al Supremo a decretar que lo juzgara el TSJCV, pues la renuncia al fuero se produjo cuando ya se había dictado la apertura de juicio.

Según el calendario establecido, los dos primeros días se dedicarán a las cuestiones previas, mientras que los acusados declararán del 10 de abril al 15 de mayo, coincidiendo con la precampaña y la campaña electoral.

En el banquillo de los acusados se sentarán dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, actual alcaldesa de Novelda (Alicante), expulsada ayer del PPCV y quien pedirá la nulidad del juicio por indefensión, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones.

También están procesados cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la "causa de los trajes" así como seis responsables y empleados de la trama Gürtel, entre ellos los supuestos cabecillas, como Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.

La Fiscalía pide penas de once años de prisión para la exconsellera Milagrosa Martínez, su jefe de gabinete, Rafael Betoret, y el número dos de la trama, Pablo Crespo; de diez años de cárcel para Francisco Correa y Álvaro Pérez "El Bigotes", o de nueve años de inhabilitación para la exconsellera Angélica Such.

La vista llega seis años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.

Según la Fiscalía, el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta "irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.