La Guardia Civil ha intervenido más de 3.000 teléfonos móviles en la frontera de Melilla, valorados en más de 60.000 euros, que pretendían ser pasados a Marruecos de "contrabando", es decir sin cumplir con el control fiscal y aduanero que obliga a abonar los impuestos en España.

Según ha informado un portavoz de la Comandancia, el servicio se ha llevado a cabo sobre las 12,00 horas de este pasado lunes por la Guardia Civil de Melilla, que en su función de Resguardo Fiscal del Estado, actúa bajo la dependencia funcional de Aduanas, en el control fronterizo de Farhana.

La intervención se ha materializado al fiscalizar los agentes actuantes un vehículo marca Mercedes, modelo 200D y matrícula marroquí, con los cristales "tintados de oscuro", que impedía ver a simple vista su interior y conducido por su propietario, que en esos momentos pretendía pasar a Marruecos por el citado control.

El conductor del vehículo aprovechó la aglomeración de vehículos que conllevaba la regulación del tráfico en esos momentos, para tratar de salir hacia el país vecino, "siendo interceptado y sometido a fiscalización", indicando su conductor "que no tenía nada que declarar".

Sin embargo, tras iniciar el reconocimiento, los guardias civiles hallaron diversas cajas en la zona del maletero, de forma oculta, y continuando con el mismo, en otras partes del vehículo, inclusive en el habitáculo del capó, otro gran número de ellas.

El portavoz policial ha explicado que tras su apertura, "en presencia del conductor", resultaron contener todas ellas "teléfonos móviles", de diversas marcas, alcanzando un total de más de 3.000 teléfonos y otros paquetes con muestras de otros productos tecnológicos.

El objeto de la mercancía intervenida, "de lícito comercio", era  introducirla en Marruecos "sin declarar", eludiendo el preceptivo control fiscal y aduanero por los Servicios de la Aduana Española.

La citada fuente ha señalado que este martes, previa valoración de los hechos y en función del valor de la mercancía intervenida por los Servicios de Aduanas, del orden de unos 60.000 euros, han dispuesto la intervención de los mismos y la imputación al conductor del vehículo de una supuesta infracción administrativa a la Ley 12/95, de "Reprensión  del Contrabando".