"A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción, rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la Presidencia de la Junta de Andalucía". Estas palabras fueron pronunciadas por Susana Díaz el 4 de septiembre de 2013, durante su discurso de investidura en el Parlamento andaluz.

Sin embargo, en ese mismo discurso de 33 páginas Díaz no hizo referencia ni en una sola ocasión al caso de los ERE falsos. Un proceso que ha sido clave en esta IX legislatura desde su inicio, que provocó la salida precipitada del expresidente José Antonio Griñán un año y medio después de las elecciones de 2012 y que, sin lugar a dudas, va a marcar la campaña electoral y los próximos comicios autonómicos.

Ya lo hizo hace tres años, en la anterior cita autonómica. Justo el día en el que se iniciaba la campaña electoral, el principal imputado en la causa, Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, declaraba ante la jueza Mercedes Alaya y decía que "todo el mundo" conocía las ayudas sociolaborales otorgadas por el Gobierno andaluz. Entonces, señaló a los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Gaspar Zarrías… hoy todos ellos están imputados o preimputados, junto a otros exconsejeros y los imputados expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Pese a lo que entonces auguraban las encuestas, la causa no le pasó factura al PSOE-A en las urnas, al menos no tanta como esperaban los populares, que contaban con una mayoría absoluta. Esta no se produjo y se formó un Gobierno de izquierdas en virtud del pacto entre PSOE-A e IULV-CA.

Pero la instrucción de Alaya fue cercando cada vez más a las altas esferas de la Junta. Y en agosto de 2013 José Antonio Griñán anunció que dejaba el cargo. "Preservar a la Junta de la erosión que se ha producido al monopolizar el debate con su relación con el caso de los ERE" fue una de las razones que esgrimió el expresidente antes de dejar su cargo en manos de la entonces consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz.

Lejos de quedar preservado, el Ejecutivo autonómico se ha visto cada vez más asediado por una causa que ya acumula 273 imputados, entre ellos varios ex altos cargos de la Junta. Los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán han sido ya imputados por el Tribunal Supremo y declararán en abril, después de los comicios. También lo harán los exconsejeros Viera, Zarrías y Mar Moreno. Los cinco son aforados nacionales.

Los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y Antonio Ávila son aforados autonómicos y su pieza se encuentra en el TSJA, que previsiblemente la devolverá a Alaya cuando pase el 22M y los afectados, que no van en ninguna lista, pierdan su aforamiento. Aunque, de momento, el tribunal ha abierto diligencias contra ellos.

Pese a ser el caso de corrupción más sonado de los últimos tiempos en Andalucía, no es el único que sobrevuela la próxima cita electoral.

Lo hace también el presunto fraude de las ayudas a los cursos de formación, un escándalo que saltó en abril de 2014 tras una denuncia de la Seguridad Social y en el que se investiga, además de a ex altos cargos de la Junta, a sindicatos, empresas, alumnos y profesores.

Según las investigaciones, algunos de los cursos no llegaron ni a celebrarse; algunas de las empresas mentían a la hora de informar sobre el número de alumnos que recibían; o contrataban profesores sin conocimiento sobre la materia a impartir; otras llegaban a acuerdos con los profesores para que estos devolvieran la mitad del sueldo acordado.

Aunque inicialmente se habló de un fraude que podría alcanzar los 2.000 millones de euros, la Junta está realizando una investigación interna de todos los expedientes entre 2007 y 2011. Hasta la fecha, se ha reclamado la devolución de 20,8 millones de euros.

En el caso están imputados los exconsejeros Ángel Ojeda y Antonio Fernández por presuntos delitos de malversación y prevaricación; la exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera Pilar Sánchez, condenada ya por desviar fondos del Plan E para gastos municipales y por una ayuda irregular; y varios concejales del PSOE y el PP. La primera parte de la operación Edu Costa se saldó con 90 detenciones, mientras que la segunda, iniciada recientemente, prevé otros 114 arrestos.

Precisamente unos días después de que la presidenta, Susana Díaz, anunciara el adelanto electoral, la jueza Alaya, que también instruye parte de este caso, señaló que había identificado diferentes "bolsas de fraude" en la investigación, relacionados con "entramados empresariales", con el Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y con las ayudas otorgadas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).

Algunas voces socialistas, como la del portavoz del PSOE de Sevilla, Juan Espadas, han señalado la "coincidencia" entre los tiempos de Alaya y los de la política, añadiendo que están deseando que "acabe el ruido de fondo que generalmente ocurre cuando iniciamos campañas electorales".

OTROS CASOS

Invercaria: Un juez investiga presuntas irregularidades en la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta, un caso que acumula una treintena de imputados por presunta malversación de fondos públicos y en el que se ha señalado al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

Caso Madeja y Enredadera: El caso Madeja tiene su origen en el Ayuntamiento de Sevilla, tras una investigación sobre los presuntos regalos que pudo recibir exdirector del área de Vía Pública del equipo de Gobierno socialista de Alfredo Sánchez Monteseirín por parte de la empresa Fitonovo a cambio de contratos públicos. Este causa desembocó en la operación Enredadera, que se desarrolló en 13 provincias españolas y se saldó con 32 detenidos (22 de ellos en Andalucía). Se les acusa de presuntos delitos de blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y organización criminal. La mayoría son funcionarios de la Junta de Andalucía y la Junta de Extremadura o de diputaciones provinciales de Jaén y Sevilla, así como otros cargos políticos.