España ha vuelto a dejar desamparada a Ángela González Carreño, la mujer víctima de violencia de género cuya hija Andrea, de 7 años, fue asesinada en 2003 por su padre durante un régimen de visitas sin vigilancia.

El pasado 16 de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (Cedaw, en inglés) emitió una sentencia pionera que condenaba a España por negligencias en la protección de Ángela González, quién pleiteó sin éxito once años en distintos tribunales españoles. En su dictamen, la ONU pedía al Estado una reparación "adecuada" y una indemnización "integral y proporcionada a la gravedad de lo sucedido" para la demandante. También recomendaba al Estado "una investigación exhaustiva e imparcial" sobre los fallos del caso. Seis meses después, a punto de expirar el plazo permitido, el Ministerio de Justicia comunicaba en enero por escrito a la ONU que no encuentra motivos para resarcir e indemnizar a esta madre y que rechaza abrir una nueva investigación.

En su respuesta al Comité de la ONU, que no ha enviado ni a la demandante ni a sus defensoras, Justicia explica que como existen en el ordenamiento español cauces eficaces para conceder la indemnización cuando se ha producido un funcionamiento anormal de la Justicia y ningún tribunal español apreció mal funcionamiento en el caso de Ángela González, "no cabe sino reiterar la vinculación de la Administración a la Ley y a las resoluciones judiciales firmes y la inexistencia de base jurídica para indemnizar a la autora".

La asociación Women's Link, que representa a Ángela González en su denuncia ante la ONU, critica esta decisión y alega que si España ratificó voluntariamente la convención de la Cedaw también debería asumir el dictamen del comité como "base jurídica" para conceder la reparación moral y la indemnización exigida.

El Gobierno añade en su respuesta que descarta abrir una "investigación exhaustiva e imparcial" sobre los fallos del caso, pese a que la ONU lo pidió para descartar que volviera a producirse una situación similar. El Gobierno considera que dicho esfuerzo es imposible de plantear "dado el tiempo transcurrido desde que tuvieron lugar los lamentables hechos". En este punto, Justicia añade que "sin infravalorar en lo más mínimo el trágico y lamentable asesinato de Andrea, la hija de la demandante, no se aprecia que exista en la actualidad un fallo estructural o sistémico del ordenamiento jurídico español en la materia, ni tampoco ausencia de medios materiales o personales para evitar que este caso pueda repetirse".

Women's Link, organización que persigue una justicia sin discrimación de género, considera "del todo insatisfactoria" la respuesta de Estado español al dictamen de la Cedaw. Para la abogada Gema Fernández, "lo más preocupante es que España siga sin reconocer su responsabilidad en el asesinato de la hija de Ángela". Por su parte, la presidenta de la asociación, Viviana Waysman, considera que "el incumplimiento de la hoja de ruta propuesta por la ONU en el caso de Ángela indica falta de compromiso con la violencia de género y supone la pérdida de una oportunidad de hacer las cosas mejor para evitar que sigan ocurriendo asesinatos de hijos a manos de sus padres en las visitas". Según datos que maneja Women's Link, en España y desde 2008 han fallecido 31 niños asesinados por sus padres, 20 de ellos durante un régimen de visitas.

Las abogadas de Ángela González han anunciado que preparan un informe para dar respuesta al escrito del Ministerio de Justicia ante la Cedaw. La organización tiene previsto solicitar al comité "que siga exigiendo a España el cumplimiento de su dictamen". Paralelamente, en España la defensa de Ángela ha iniciado sendos procesos judiciales para que se reconozcan sus derechos, un movimiento que calificaron como lo más parecido a volver a la casilla de salida del caso. La semana que viene, además, realizarán una entrega masiva de firmas en el Ministerio de Justicia exigiendo explicaciones por la denegación de la reparación e indemnización.

Fuentes del Ministerio de Justicia remitieron al informe enviado a la ONU para explicar las razones por las que el Gobierno ha descartado indemnizar y reabrir el caso, insistiendo en el dictamen contenía "recomendaciones" y que la respuesta se ha dado "en tiempo y forma".

La propia Ángela González ha hecho público un comunicado en el que dice que lleva 12 años luchando porque está segura de la "negligencia y culpabilidad de esta justicia en el asesinato de mi hija" y asegura que sigue esperando del Estado "palabras de pésame y condolencia". La asociación Woman's Link, en su nombre, solicitó ya este verano unas disculpas públicas por parte del Estado a la denunciante, que todavía no se han producido. González también explica en su comunicado que su lucha sigue para que el asesinato "anunciado" de su hija no se repita, aunque cree que "desgraciadamente para muchas madres esto sigue y seguirá pasando hasta que para esta justicia prevalezca el derecho de nuestros hijos y no el de un padre que los maltrata y manipula sin control".

El dictamen de la ONU también contenía tres relevantes recomendaciones a nivel general para España: la formación de los jueces sobre los estereotipos de la mujer, mejoras en la diligencia de respuesta en situaciones de violencia de género y medidas para que los antecedentes de violencia sean tenidos en cuenta en la formulación de régimenes de visita a los hijos. En estos tres puntos, el Gobierno responde enumerando las normativas aprobadas en materia de violencia de género desde 2003, así como dos normativas pendientes de aprobar: el anteproyecto de corresponsabilidad parental y el estatuto de la víctima.