El Partido Popular (PP) considera inadmisible que el "embrollo" normativo de la Junta de Andalucía en materia urbanística "tenga paralizados hasta el 95 por ciento de los planes de ordenación de Málaga". Así lo ha explicado este viernes el vicesecretario de Política Municipal del PP en la provincia, José Ramón Carmona, que ha asegurado que "el causante es la política de la inacción del Gobierno andaluz".

El dirigente 'popular' ha declarado que si el candidato a la Junta, Juanma Moreno, es presidente de la Junta "abordará este problema para darle la vuelta a la situación", empezando por la derogación del artículo 45 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que "es el que presenta más obstáculos para el desarrollo urbanístico de los municipios".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa tras reunirse con empresarios de pequeñas y medianas empresas de Ronda (Málaga), agrupados en la Apymer, quienes le han trasladado la necesidad de mejorar la normativa urbanística actual, "la cual está impidiendo el desarrollo local", punto en que ha recordado que Andalucía capta la mitad de inversión extranjera que Extremadura.

Al respecto, ha indicado que "sólo en Málaga hay paralizados proyectos de inversión pública y privada por 3.300 millones de euros", iniciativas que, según ha añadido, "supondrían la creación de unos 180.000 empleos en la provincia".

En este sentido, Carmona ha insistido en que, si el PP gana las próximas elecciones autonómicas, "se compromete a resolver esta situación de parálisis". Y es que, según ha señalado, "el 95 por ciento de los planes generales de la provincia no están aprobados por la incapacidad de la Administración andaluza de adaptarlos al POTA".

Del mismo modo, el dirigente 'popular' ha explicado que el citado artículo dice que los municipios "deben tener reflejados en el PGOU un límite de crecimiento del 30 por ciento en cuanto a población y del 40 por ciento sobre el suelo industrial", normativa que ha calificado de "restrictiva, al limitar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de ciudades como Ronda y condenando la captación de recursos por una gestión torpe y vaga", ha recalcado.

Igualmente, ha subrayado que "estamos de acuerdo en la protección de suelos y en el mantenimiento de un crecimiento sostenible", si bien se ha mostrado reacio a "esta administración paralizadora en la que se ha convertido la Junta".

Por último, ha recordado el "lastre" que supone el decreto litoral o la situación de las miles de viviendas irregulares que actualmente se contabilizan en Andalucía, más de 250.000, "un problema que el Gobierno andaluz ha intentado atajar mediante dos decretos que únicamente han alcanzado al 0,2 por ciento de los inmuebles afectados, pese a que preveían llegar al 90 por ciento", ha concluido.