A lo largo de la semana el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha podido escuchar distintas versiones de parte de los 27 imputados que ha llamado a declarar por el uso de 'tarjetas B' a Hacienda.

Todos ellos están imputados por un delito societario de administración desleal y otro de apropiación indebida que suman un total de 15,2 millones de euros para gastos personales entre 2003 y 2012.

Unos han defendido que eran de "libre disposición" para gastos como ropa, viajes u obsequios, otros han justificado que solo estaban destinadas a gastos de representación y los últimos que podían emplearse con ambos fines, aunque todos coinciden en que era la entidad la encargada de tributarlos por ellos ante Hacienda.

Sin embargo, cada uno de ellos ha mantenido una estrategia particular ante el juez, defendiendo su desconocimiento de que el uso de la tarjeta supusiese un delito, cargando directamente contra el entonces presidente de la entidad, Miguel Blesa, y hasta recurriendo al ataque directo al trabajo del juez.

Como la mayoría, el expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, ha defendido que la tarjeta que le entregó Caja Madrid para "libre disposición" era "transparente" y que la empleó en los restaurantes de su grupo porque son suyos "y más baratos", y ha reconocido que cargaba importes "redondos", aunque ignoraba por qué siempre a las 0.50 horas. Dependía, ha dicho, de "la chica que hace la cuenta". El empresario gastó con su 'tarjeta b' 37.726 euros, cantidad que ha devuelto íntegramente tras conocerse el caso.

La exconsejera María Enedina Álvarez (que disfrutó de 47.000 euros) ha precisado al juez que no recuerda uno de los cargos que realizó en una tienda de deportes, pero ha relatado que en una ocasión intentó devolver un aparato de gimnasia, por lo que trató de pedir, sin éxito, que le dejaran controlar sus gastos por Internet.

José Antonio Moral Santín, exdirigente de IU, duramente interrogado por el fiscal Anticorrupción por los gastos de 456.500 euros que cargó a su 'visa black', ha defendido la posibilidad que tenían los directivos de utilizar la tarjeta para extraer dinero en metálico en el cajero, lo que el exdirigente de IU hizo en un total de 692 ocasiones entre el 2 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2012. Otros consejeros han asegurado que no tenían pin y que no sabían que podían utilizar sus plásticos para sacar dinero en efectivo. Moral Santín ha explicado que él empleaba el dinero en gastos de representación en sentido amplio, como la reparación de su automóvil.

El sindicalista de CC OO Pedro Bedia ha dicho incluso que desde la dirección de la entidad se le pidió que utilizara más la tarjeta porque la estaba usando "poco".

Otros han apelado al uso responsable que dieron a su visa, como Jorge Gómez, que desembolsó 98.200 euros, que ha señalado que en octubre 2012 se fue de viaje a Nueva York pero solo cargó a su visa su billete, mientras que el de su mujer y sus suegros corrieron a cargo de la suya.

El más agresivo ha sido el exdirectivo de Caja Madrid, Pablo Abejas, que ha acusado al juez Fernando Andreu de "forzar" el Código Penal y hacer un revoltijo en el caso de las tarjetas, movido por "reproches mediáticos" y "clamores populares", y ha pedido su archivo por prescripción. "No se puede forzar el Código Penal para introducir unas actuaciones que, en reproches mediáticos, clamores populares, opiniones personales o cualquier otro objetivo, no se correspondan estrictamente con la delimitación del derecho penal", ha dicho Abejas.

Carmen Cafranga, expresidenta de la Fundación Caja Madrid, ha explicado al juez el "perjuicio" a su imagen ha sido tal que el Banco Santander le negó un aval para regularizar su situación con Hacienda, han informado fuentes jurídicas.

El exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga (del PP) ha explicado que se trataba de un concepto retributivo diseñado para efectuar cargos derivados de su puesto, lo que ha provocado que el magistrado le preguntase si eso incluía compras en El Corte Inglés. Rodríguez Ponga ha contestado que la función de consejero exigía hacer regalos, aunque ha añadido que es muy difícil aportar un listado de beneficiarios dado el tiempo transcurrido.

El exsecretario general de UGT-Madrid José Ricardo Martínez Castro ha dicho que hizo el esfuerzo por limitar sus gastos a la función de consejero, y que en 2010 sobrepasó por error en 4.000 euros su límite anual de 24.000, pero el exvicepresidente José Manuel Fernández Norniella, que es el que se la entregó, le informó de que le descontarían esa cifra al año siguiente.

El consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, que siempre pensó que era una tarjeta exclusiva de Caja Madrid porque así lo dio a entender Rodrigo Rato en una reunión del Consejo de Administración de Bankia, ha hablado de un "exceso de confianza" y, aunque es "evidente que algo" ha hecho "mal", procuraba llevar un control del gasto. Su grupo empresarial, ha añadido, es el que "más ha perdido con la salida a Bolsa de Bankia", con lo que si hubiese conocido las irregularidades, habría abandonado su cargo.

Luis Blasco, directivo del Real Madrid, que además de devolver el dinero ha hecho una complementaria, ha afirmado que le pareció "normal" que le dieran una tarjeta porque no le facilitaron "ni secretaria, ni despacho ni teléfono", y entendía que figuraban en las declaraciones de Bankia.

Al exministro socialista Virgilio Zapatero no le sorprendió tampoco que le entregaran una visa para gastos de representación, ya que su cometido era “acercar la universidad a las cajas” y preparar un programa de educación financiera, aunque ha dicho al juez que siempre se sintió “incómodo” con que no hubiera ningún control en los gastos.

Por su parte, José Manuel Fernández Norniella, que fuera mano derecha de Rato, ha relatado que él recibió su visa en 2006 para “gastos discrecionales hasta un limite”, y ha negado que, tal y como sostuvo ayer el socialista José María Arteta, él autorizara su uso hasta tres meses después del cese.

Alberto Recarte se ha referido al sistema retributivo en la entidad, de cuya “legalidad siempre” dudó porque “era muy reservado y no se trataba en los consejos”, especialmente el referido al expresidente Miguel Blesa, que recibía un 15% más que cualquier directivo.

Jesús Pedroche ha calificado su visa de “estrictamente personal” y ha manifestado que nunca pudo ser inherente al cargo porque “un consejero no tiene poderes de representación de una caja”, función que correspondía a los directivos, que para ello tenían otra. También Francisco Baquero ha mantenido este uso pero ha cuestionado los cargos que le atribuye Bankia en el desglose de sus movimientos, que no coinciden con los que maneja Hacienda en la inspección que le ha abierto.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa respondió así al conocer que el exconsejero de la entidad Jesús Pedroche había solicitado un listado de los movimientos efectuados con la 'tarjeta black' que le había suministrado la entidad: "¿De qué va este señor?".

Por el contrario, el ex secretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada ha sostenido que eran gastos de representación y que así se mantuvo durante la etapa de Blesa, a lo que ha agregado que la suya, que se la había facilitado el exsecretario del Consejo Ángel Montero, le comentó que podía gastar discrecionalmente “pero con prudencia”.

Mercedes Rojo, por último, ha cuestionado la fianza que ha pedido para ella Anticorrupción, ya que se trata de una mera “beneficiaria a título lucrativo” y como el perjudicado, es decir, Bankia, no ha reclamado su cantidad, no hay responsabilidad penal, señala la agencia Efe.

Antonio Romero, que se ha presentado como una víctima de "un engaño o negligencia", ha sido el único en decir que eran para gastos de representación y que no hubo cambios entre los mandatos de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, aunque ha defendido que efectuó retiradas de efectivo tras pedir el Pin en la entidad porque hay gastos, como taxis, que no se pueden pagar con tarjeta.

El exjefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda José María Buenaventura se ha sumado a la tesis de la prescripción, en su caso porque han pasado más de siete años desde el último movimiento con su visa, a la que cargó 63.000 euros, cuando el plazo para el delito de apropiación indebida es de cinco si no es continuado.

Uno de ellos, José María de la Riva, ha aludido incluso a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda según el cual los consejeros no debían tributar. Según De la Riva, que entendió su tarjeta como un instrumento para gastos de representación, él se interesó en numerosas ocasiones por el asunto de la tributación, pero desde la caja le respondían que no debía preocuparse porque existía ese acuerdo.

A excepción de José Azcona, que ha asegurado que no percibió ningún cambio con la entrada de Blesa en Caja Madrid, los comparecientes han defendido que antes de 1996 el secretario del Consejo de Administración de la entidad, Angel Montero, les pedía que fueran "prudentes" en el gasto y que cuando Enrique de la Torre pasó a ocupar el cargo les dijeron que podían emplear las tarjetas "en lo que quisieran con un límite anual y mensual".

Los únicos imputados que han defendido que las tarjetas debían utilizarse para "gastos de representación" de los consejeros han sido los sindicalistas Azcona y Rodolfo Benito, propuesto por CC OO, que han apuntado que usaron las visas para "ropa" y "obsequios".

Según las citadas fuentes, Benito ha apelado a los "usos y costumbres" para justificar que siguiera utilizándo el plástico tres meses después de haber dejado el cargo, mientras que el socialista José María Arteta ha alegado que otro consejero, el exsecretario de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP), le dijo que podía utilizar la vista después de su cese.

La mayoría de los exconsejeros han reconocido los gastos que se les atribuyen, a excepción de los socialistas José María Arteta y Ramón Espinar, al tiempo que han defendido que las tarjetas eran "absolutamente legales" y que no tenían que tributar ante Hacienda porque la entidad lo hacía por ellos.

En este sentido, han dicho que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como el Banco de España avalaron los informes de gobierno corporativo de la entidad, en el que se detallaban los gastos de las tarjetas de forma global. "Yo no sabía ni que se llamaran 'black'", ha llegado a decir Ramón Espinar.

El juez instructor, que ya imputó por estos hechos a los expresidentes de Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa y al exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj, destacaba en su auto de imputación la necesidad de "dilucidar el concepto" por el que se emitieron las tarjetas para determinar si se cometió un delito de administración leal, que habrían cometido los exconsejeros por autorizar el uso de los plásticos, o bien uno de apropiación indebida, que se podría atribuir a los 82 exdirectivos que los utilizaron.

Además, imputó a otros 51 exdirectivos de la caja madrileña que hicieron uso de las 'tarjetas black', entre los que se encuentran el exjefe de la Casa del Rey Rafael Spottorno, el exconcejal de Madrid Ignacio del Río (PP) o el exdiputado socialista José Acosta.