Una plataforma integrada por quince entidades sociales ha pedido este martes que se prohíba el uso de pistolas eléctricas en Cataluña, donde ya están en activo en las policías locales de 50 municipios y ahora se quieren implantar en los Mossos. Consideran que este arma supone un riesgo para la salud de las personas que reciben sus descargas y porque creen que pueden ser usadas para cometer malos tratos, ya que no dejan rastro.

En un comunicado, la plataforma Stop Taser ha reclamado la retirada inmediata de las pistolas eléctricas en las cerca de cincuenta policías locales catalanas que ya las utilizan y que los Mossos d'Esquadra no las incorporen en su arsenal. El conseller de Interior, Ramon Espadaler, se mostró abierto en diciembre pasado a dotar a los Mossos d'Esquadra de pistolas eléctricas a lo largo del año 2015, aunque advirtió de que no sería de forma "masiva", sino para casos concretos, para facilitar la inmovilización de personas que se oponen a ser reducidas.

De momento, fuentes cercanas al caso han indicado que una de las opciones que baraja la conselleria es dotar de una pistola eléctrica al jefe de turno de cada comisaría, si bien por el momento no se han dado pasos en esta línea ni se ha acordado su distribución.

La conselleria de Interior está llevando a cabo en los últimos meses pruebas para poder incorporar estas pistolas eléctricas, una histórica reivindicación de los sindicatos policiales para facilitar la inmovilización de personas alteradas que ofrecen resistencia al ser reducidas.

La plataforma que se opone a este tipo de arsenal está integrada por entidades como la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, Stop Bales de Goma, Justicia i Pau, la CGT, Rereguarda en Moviment, Tanquem els Cies y la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos.

Estas entidades advierten de que las pistolas eléctricas, conocidas popularmente como Taser, han provocado varias muertes, pese a estar catalogadas como armas no letales. De hecho, según un informe de Amnistía Internacional de 2007, en Estados Unidos fallecieron 269 personas entre 2001 y 2007, así como 15 personas en Canadá, entre 2003 y 2007, tras recibir descargas de pistolas eléctricas.

Además de estos posibles efectos letales, la plataforma Stop Taser también advierte de que estas armas no dejan rastros corporales en el receptor de la descarga, por lo que las ven como una herramienta "susceptible de ser usada para cometer malos tratos". De hecho, la sección catalana del Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura ya pidió en un informe de 2009 la prohibición del uso de estas armas por parte de las policías locales, debido a sus efectos en el estado físico y mental de las personas que reciben las descargas.

Por este motivo, Stop Taser ha pedido que se prohíba la incorporación y el uso de estas pistolas por parte de todos los cuerpos policiales, así como por otros funcionarios encargados de la custodia de personas privadas de libertad. También reclama la retirada inmediata de las pistolas eléctricas por parte de las policías locales que ya las tienen incorporadas a su arsenal.

Las pistolas eléctricas disparan una descarga eléctrica que deja inmovilizado al delincuente durante unos cinco segundos, lo que facilita su inmovilización, reducción y detención. Además, están tan tecnificadas que algunos modelos disponen de una cámara incorporada que se activa cuando el agente desenfunda, para que quede grabado todo el proceso.