Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han ratificado ante el juez que no hallaron relación entre los donativos al PP de empresarios que aparecen en los papeles de Bárcenas y las adjudicaciones públicas que hicieron a sus empresas administraciones de este partido.

Dos peritos de ese organismo, dependiente de Hacienda, han comparecido durante unas dos horas en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz y las partes de esta causa para explicar los informes que han ido elaborando a lo largo de la instrucción del caso sobre la supuesta caja B del PP.

Según fuentes presentes en la declaración, los dos expertos han confirmado su informe del pasado noviembre en el que no encontraron relaciones entre las donaciones de quince empresarios que anotó Bárcenas en sus papeles de la supuesta contabilidad paralela y las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP, lo que descartaría un delito de cohecho.

Ese informe analiza las adjudicaciones de gobiernos del PP a las 15 empresas que Bárcenas reflejó como donantes de 4,8 millones de euros, sociedades que recibieron un total de 22.452 millones en contratos públicos de 2002 a 2009.

En sus conclusiones, la IGAE afirma que "no parece existir una correlación temporal general" entre las donaciones de dinero que el exgerente del PP anotó en su contabilidad paralela y "los volúmenes de contratación adjudicados para cada una de las empresas".

Este lunes, los peritos han ratificado la "dificultad de obtener una correlación temporal" entre las donaciones y las adjudicaciones y han explicado que ellos se basaron en datos generales de contratación y no analizaron contrato por contrato.

También han ratificado otro informe del pasado junio que detectó anomalías en el contrato otorgado por el Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi para el servicio de limpieza cuando el alcalde era José Manuel Molina del PP y en la posterior modificación que se produjo cuando ya era regidor Emiliano García-Page del PSOE.

En su informe, la IGAE analiza esta adjudicación a Sufi, filial de Sacyr, y concluye que "la preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable", pero que "no consta en el expediente la justificación de la elección del procedimiento de contratación elegido ni se motiva su necesidad".

En relación a esta adjudicación, Ruz tomó declaración como imputado al gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, acerca de la presunta percepción de una comisión de 200.000 euros por parte de Sufi a cambio de la contrata de limpieza.

El dinero le fue supuestamente entregado por Luis Bárcenas, pero Cañas negó haberlo recibido y explicó que le firmó unos recibís por esa cantidad porque el extesorero era su superior y le obligó a ello.

Ruz ha citado el próximo miércoles a otros peritos, los de la Unidad de Auxilio de la Agencia Tributaria (AEAT-ONIF), que expondrán ante las partes los informes que han realizado durante la instrucción y que detectan delitos fiscales en la reforma de la sede del PP.

En sus informes, los peritos de la ONIF han concluido que se le podrían atribuir delitos fiscales a la empresa de arquitectura Unifica en las obras de reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova, y han elevado a 1,7 millones de euros el dinero en negro que supuestamente pagó el partido por estas obras.