La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) admite en su informe sobre los incidentes al término de las Marchas de la Dignidad del 22-M que sus enviados no presenciaron el estallido de la violencia que se saldó con decenas de heridos aquel día en Madrid (67 de ellos policías) y en el texto facilita la dirección de dos videos de lo sucedido colgados en la red social Youtube.

"Aproximadamente 250 policías antidisturbios comenzaron a empujar a la multitud, lo que también afectó a varios cientos de manifestantes pacíficos. Los manifestantes pacíficos volvieron gradualmente para resistir el empuje de la Policía. Varios de ellos lanzaron piedras y utilizaron otros medios para resistir la intervención de la Policía", narra.

Se trata de un extenso documento de 104 folios publicado el pasado 17 de diciembre en el que la OSCE analiza esta y otras manifestaciones que supervisó en distintos países de Europa entre mayo de 2013 y julio de 2014 con el objeto de analizar cómo cumplen los estados sus compromisos con el derecho de manifestación.

El informe incluye varias críticas a España. Se centran en los requisitos de notificación y autorización para llevar a cabo manifestaciones y en los deberes y responsabilidades de los organizadores de las mismas.

El organismo señala que el hecho de que en España sólo haya que comunicar a las autoridades la intención de manifestarse cuando lo vayan a hacer al menos 20 personas es "una buena práctica". Sin embargo, recalca la importancia de dejar claro en la ley que si se manifiestan menos de 20 personas, contarán con la misma protección.

Asimismo, considera "positivo" que en circunstancias urgentes o excepcionales no se exija respetar el plazo para la notificación de la manifestación, pero indica que la legislación debería definir de manera explícita cuáles son esas circunstancias porque, en caso contrario, se podrían producir "abusos y una aplicación arbitraria de la ley".

Especialmente crítica es la OSCE al referirse a los deberes y responsabilidades de los organizadores de las concentraciones. A su juicio, las leyes les imponen "una carga excesiva" que podría tener "consecuencias legales no intencionadas al responsabilizarles de lo que hagan los participantes, incluso aunque ellos no puedan controlar esas acciones".

En cuanto a las multas que se pueden imponer a los organizadores que no cumplan su deber, la OSCE dice que "parecen excesivas y pueden tener un efecto disuasorio" sobre ellos. Por eso, insiste en la importancia de que las multas o sanciones respeten el principio de proporcionalidad.