Los portavoces parlamentarios del PP, Rafael Hernando, y del PSOE, Antonio Hernando, han presentado este martes en el registro del Congreso la proposición de ley que articula el pacto contra el terrorismo yihadista firmado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez.

Ambos portavoces han acudido juntos al registro del Congreso para presentar la proposición, acompañados por los portavoces de Interior y Justicia del PP y el PSOE, así como el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, que junto a CC y UPN también suscriben la iniciativa.

La proposición de ley, que se prevé pueda ser debatida en el pleno del Congreso el próximo martes 10 de febrero, redefine el delito de terrorismo y recoge las "nuevas amenazas" en este campo.

El acuerdo firmado el lunes en el Palacio de la Moncloa por Rajoy y Sánchez consta de ocho puntos y un preámbulo en el que ambas partes se comprometen a mantener el pacto aunque se produzcan cambios en el sistema de penas.

En declaraciones a los medios tras el registro, Rafael Hernando ha subrayado que con esta proposición España se coloca "a la cabeza" en materia legislativa para hacer frente a estas "nuevas modalidades de terrorismo".

El texto, ha dicho, implica una reforma legislativa "profunda" y "moderna" y es una apuesta avanzada a estas nuevas formas de terrorismo que, en su opinión, responden a "parámetros diferentes" a los conocidos.

Ha insistido en que desde el principio se intentó que el pacto no fuera un "contrato de adhesión" en el que dos formaciones políticas —PP y PSOE— redactaban el texto sin conocer las iniciativas de otros, ya que "desde el primer momento", ha dicho, han hablado con el resto de grupos.

Entiende Rafael Hernando que a otros partidos "no les convenía, por razones que a ellos les concierne", participar en la firma, pero sí acabarán apoyando la iniciativa, que al final, ha reiterado, será respaldada de forma "muy mayoritaria por el conjunto de grupos de la cámara".

Hernando ha insistido en que ésta es una legislación "pionera y novedosa" que coloca a España como el primer país europeo que, conforme a la resolución de la ONU del año pasado, da una "respuesta eficaz y rápida" a este tipo de terrorismo.

Desde Coalición Canaria su diputada, Ana Oramas, ha recordado que su formación ha suscrito todos los pactos contra el terrorismo de la democracia y que, siento el de corte yihadista un tema "muy sensible" en Canarias no iba a quedarse fuera del acuerdo. Además, considera que en el texto final ha quedado bien resuelta la remisión a la prisión permanente revisable que tampoco cuenta con el aval de los nacionalistas canarios.

Oramas ha destacado la necesidad de buscar la "unidad" contra este fenómeno, igual que ha hecho el diputado de Foro Asturias, Enrique Álvarez Sostres, quien este martes acudirá a registrar la iniciativa junto con los portavoces del PP, Rafael Hernando, y del PSOE, Antonio Hernando.

Sostres se ha congratulado de que los dos grandes partidos hayan aceptado incluir en el documento las referencias a la financiación y al tráfico de armas que había propuesto su formación y, aunque considera que habrá que hacer alguna "enmienda técnica" para precisar algún punto, se ha mostrado satisfecho con la redacción final.

De su lado, el diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Carlos Salvador, no podrá estar presente cuando se registre el texto por problemas de agenda, pero también plasmará su firma en la proposición de ley.

Eso sí, ha advertido un error en uno de los artículos del Código Penal recogidos el texto acordado por PP y PSOE que espera se pueda corregir mediante la correspondiente enmienda.

Por otro lado, los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Jorge Fernández Díaz, han insistido en la constitucionalidad de la prisión permanente revisable que responde a "una demanda social muy extendida" que ha sido avalada por los órganos consultivos del Estado.

En declaraciones a los medios tras reunirse con los portavoces populares en el Congreso, Catalá ha explicado que 'tiene la impresión' de que "la prisión permanente revisable es socialmente aceptada" y que los ciudadanos comprenden que ante una crimen de gravedad la respuesta legislativa debe ser "contundente y firme".

Por este motivo, ha enfatizado en que la polémica figura persigue trasladar al ámbito legislativo "un sentir social muy extendido". Respecto al anuncio del PSOE de recurrir ante el Tribunal Constitucional la prisión permanente revisable, Catalá ha señalado que cualquier grupo está legitimado para interponer un recurso ante el alto tribunal una vez sea aprobado el texto por las Cortes.

No obstante, ha precisado, eso no significa que el Constitucional admita el recurso de los socialistas ya que antes hay que valorar si "hay causa". Por su parte, el titular de Interior ha recordado que tras la derogación de la Doctrina Parot no solo fueron excarcelados etarras sino que también salieron a calle violadores y asesinos, algunos de los cuales no habían mostrado signos de arrepentimiento ni reinserción por sus crímenes.