La Xunta sólo ofrece un piso protegido por cada 1.819 gallegos

El Gobierno autonómico está construyendo 1.484 viviendas sociales. Santiago y A Coruña son las ciudades peor paradas.
La tarta de las viviendas protegidas sabe a poco en Galicia. La Xunta anunció ayer que está construyendo en la comunidad 1.484 pisos de promoción pública, lo que significa que en Galicia ofrecerán una vivienda de este tipo por cada 1.819 habitantes. La mayor parte de esos pisos sociales irán a parar a las grandes ciudades, mientras que en el interior se quedarán esperando.Así, en A Coruña, Vigo, Santiago, Ferrol y Lugo están en marcha 969 viviendas de la Xunta, el 65% del total, según los datos aportados ayer en Santiago por Daniel Pino, director xeral del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Pero precisamente es en las urbes donde la demanda sobrepasa todas las previsiones y, en el reparto, Santiago y A Coruña son las ciudades peor paradas: toca a un piso de promoción pública por cada 1.189 y 979 habitantes, respectivamente. Vigo está algo mejor, pero aún así hay una vivienda social por cada 656 vecinos.

25.000 pisos hasta 2008

Para paliar esta situación, la Xunta, en colaboración con el sector privado, prevé tener al final de esta legislatura 25.000 pisos denominados de protección autonómica para hacer frente al problema de la vivienda.

La escasez de inmuebles asequibles es tal que sólo el año pasado en A Coruña se presentaron más de 11.000 solicitudes en tres meses para 166 pisos protegidos.

Ese apoyo de la empresa privada permitió construir el año pasado un total de 6.632 viviendas a bajo precio. Para la Xunta, estos datos son «reales y verdaderos» y superarán «con mucho» todas las previsiones.

Aquí no se llaman VPO

En Galicia no existen las llamadas Viviendas de Protección Oficial (VPO), ya que el Gobierno ha cedido las competencias a la Xunta. Aquí son de Promoción Pública (VPP), construidas directamente por el Gobierno autonómico, y de Protección Autonómica (VPA), que construye y promociona el sector privado con subvenciones. A finales de este año, los ayuntamientos deberán reservar el 40% de su suelo a pisos sociales.

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