El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este miércoles que "todo hace pensar" que el juzgado de Vinaròs (Castellón) que ha recibido la denuncia de Fiscalía contra los responsables de la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor y la empresa Escal UGS recibirá refuerzos para afrontar el volumen de trabajo que generará esta causa.

El ministro de Justicia ha hecho estas declaraciones en la Diputación de Castellón, donde se ha reunido con representantes de la comunidad jurídica de la provincia, encuentro en el que ha estado acompañado por el presidente de la Diputación, Javier Moliner, y por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Catalá ha recordado que en octubre se aprobó la dotación de 282 plazas nuevas en el sistema judicial español, de las que 33 serán para la Comunitat Valenciana, y ha indicado que "ahora mismo hay muchos jueces y fiscales que están terminando sus estudios y tendremos que asignar destinos".

"Sabemos que hay juzgados con una carga de trabajo muy alta y también algún proceso que se inicia ahora, como el del Castor, en el juzgado número 4 de Vinaròs, que va a generar una carga de trabajo importante, por lo que vamos a tener la máxima sensibilidad para, si es necesario, asignar un refuerzo a este juzgado", ha precisado.

Asimismo, y preguntado si considera que ese refuerzo judicial se va a poder implementar en Vinaròs, ha afirmado que "desde el Ministerio, en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), intentamos atender todas las peticiones que tienen fundamento y que demuestran tener una carga de trabajo".

Caso evidente

"Éste es un caso evidente y, aunque tenemos que estudiarlo todavía, pongo de manifiesto mi mejor voluntad para que una causa como ésta tenga todo el apoyo para tener una justicia rápida, de calidad y cercana a los ciudadanos, que es la que queremos en todos los ámbitos", ha señalado Catalá, quien ha recalcado que "en este caso concurren todas las circunstancias necesarias, por lo tanto, todo hace pensar que así será".

Además, Catalá ha explicado que es consciente de que la movilidad permanente y los jueces sustitutos "no son la mejor manera de garantizar un funcionamiento continuo de la justicia", pero confía en que con el concurso para proveer de nuevas plazas el sistema judicial "pueda mejorar la situación y que este caso pueda estar cubierto de manera definitiva con un juez profesional que pueda enjuiciar esta causa y el resto de causas que tenga el juzgado".

Así mismo, ha confiado en que se solucione la cuestión en el resto de juzgados que, "con carácter temporal, a veces se han cubierto con interinos, que es una manera de resolverlo, pero no la manera deseable".

El juzgado de instrucción número 4 de Vinaròs tiene una juez al frente, aunque la plaza ha salido a concurso, todavía no está resuelto y no hay plazo para que se cubra la misma, según informó este martes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El Decanato de Castellón envió al juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs la denuncia de Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación medioambiental y contra el medio ambiente, que se dirige contra Escal y los responsables del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Industria que intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación del proyecto, que cesó su actividad en septiembre de 2013 por orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tras la actividad sísmica detectada en la zona.