El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha denunciado la "absoluta falta de lealtad" del Gobierno español, que "no ha informado en ningún momento" al Ejecutivo vasco de la operación realizada por la Guardia Civil en el País Vasco, Navarra y Madrid contra el colectivo de abogados de presos de ETA, que se ha saldado con 16 detenciones.

En una comparecencia en Vitoria, Erkoreka ha asegurado que el Gobierno vasco "no ha sido informado en ningún momento en relación con el desarrollo y ejecución de esta operación" y ha considerado "inconcebible que el Gobierno español informe antes a los medios de comunicación que al Gobierno vasco".

Tras precisar que se trata de "una primera declaración de urgencia que, por falta de información y respeto a la labor judicial, no puede entrar en valorar el fondo de la cuestión", Erkoreka ha dicho que el Gobierno vasco quiere "llamar la atención sobre la continuidad en la denominación de una operación iniciada hace un año". En este sentido, ha dicho, el Ejecutivo vasco demanda "una acción judicial clara y rápida".

Según ha afirmado, "la operación Mate de hoy da continuidad a la operación Jaque de hace un año, en la que también fueron detenidos varios abogados de la izquierda abertzale". En esta ocasión, ha recordado, "además de abogados, han sido detenidos también tesoreros y se han producido registros en sedes de organizaciones legales, como es el caso del sindicato LAB".

A su juicio, "es reseñable que todo ello se produzca en el entorno temporal de la manifestación de Bilbao" de este sábado contra la dispersión y "en coincidencia con el inicio de dos juicios que han tenido que ser suspendidos en Madrid y en Bilbao, por la detención de los abogados defensores de los acusados, apenas unas horas antes de que tuvieran que presentarse en los juzgados correspondientes".

Erkoreka ha insistido en que esta operación "reproduce casi de la misma manera la del año pasado" y ha insistido en "la determinación del Gobierno vasco para la consolidación de la paz, la normalización política y la convivencia en Euskadi".

En ese sentido, el Gobierno vasco ha apelado a "la responsabilidad de todos los agentes implicados, comenzando por la gestión del fin ordenado de ETA".

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