La ponencia del Congreso encargada de informar sobre el proyecto de ley orgánica de modificación del Código Penal se ha reunido este jueves para tratar las nuevas modificaciones, que endurecerán la llamada 'ley mordaza'.

El Grupo Popular propone cambios que afectarán a asuntos como la intrusión en redes y sistemas informáticos o la simple consulta de sitios web sospechosos de apoyar terrorismo, con hasta ocho años de cárcel. Modificaciones que, tal y como denuncia la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), derivarán en un perjuicio de los derechos de libertad de expresión.

El nuevo Código Penal, además de criminalizar las webs de enlaces (con penas de prisión de hasta seis años),  incluye lo que Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la PDLI, considera como "toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales".

"Si hay un hilo conductor común entre la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal y Ley de Propiedad Intelectual, es precisamente limitar la libre expresión de los ciudadanos, con independencia del medio donde ésta se verifique", afirma Sánchez Almeida.

Más allá de la regulación de asuntos relacionados con la 'ciberpiratería' o la 'ciberpederastia', las propuestas del Grupo Popular afectan a la consulta difusión e incluso viralización de información, en inicio relacionada con el terrorismo, pero que en definitiva puede derivar en una "criminalización global de Internet".

Así se refleja en enmiendas como la 877, que solicita penas de hasta 8 años para quien "consulte habitualmente uno o varios servicios de comunicación accesibles al público en línea o adquiera o tenga en su poder documentos que estén dirigidos o, por su contenido, resulten idóneos para incitar a otros o reforzar la decisión adoptada de incorporarse a una organización o grupo terrorista". El acceso a estas webs quedaría penado, de aceptarse la enmienda, incluso para páginas web que no sean españolas.

Las condenas podrán ser de hasta tres años para delitos de "enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de los delitos", si están relacionados con el "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares", según la enmienda 881 al artículo 578 propuesto en el Código Penal.

El Grupo Popular pide elevar las penas para este delito especialmente "si los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de Internet, o mediante el uso de tecnologías de la información".

Entre las modificaciones que afectarán a la libertad de expresión, la PDLI señala la siguiente: "La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año".

También se endurecerán las penas para quien "hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos" que, según contemplan las enmiendas 828, 829 y 830que piden modificar el artículo 264 del Código Penal, se enfrentará a penas de hasta tres años de cárcel.

La PDLI denuncia que todas estas propuestas afectan a la dinámica de difusión habitual de las nuevas protestas: procesos virales a través de las redes sociales. El artículo 30.3 considera como organizador o promotor a todo aquel que “aún no habiendo suscrito o presentado la comunicación (…) por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan (…) pueda determinarse razonablemente que son directores de aquéllas”.