El presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, ha defendido que el archivo de la causa de las depuradoras "confirma la tesis de la Diputación", en alusión a la comisión investigadora creada en octubre de 2013 en la institución, cuya conclusión fue "una discrepancia profunda" de sus integrantes del PP con las irregularidades relatadas por la Ofincia Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

Balar ha respondido a preguntas de los periodistas sobre el auto judicial emitido por el juez instructor Antonio Piña dos días antes de tomar posesión de su nuevo cargo como presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, en el que archivó la causa por posibles irregularidades en la adjudicación de la compra e instalación de cien depuradoras en toda la provincia y municipios lusos.

El archivo no fue total, pues el juez dejó especificado que uno de sus aspectos la investigación fue insuficiente, en concreto, en lo que se refiere a la contratación de asistencias técnicas a una empresa del mismo grupo que la proveedora de las depuradoras, donde permanece imputado el jefe del servicio de Aguas de la Diputación, Javier B., y autor de los pliegos para sacar esos contratos a concurso en 2004.

En ese sentido, Piña dejó firmadas nuevas diligencias para pedir a la Seguridad Social un listado de trabajadores de la empresa Netglobal, que hicieron las fichas informativas de los lugares donde irían las depuradoras, los proyectos de obra civil y la dirección de obra entre diciembre de 2003 y enero de 2004, cuando el presidente de la Diputación de Ourense era José Luis Baltar Pumar, padre de su actual titular.

Satisfacción y tranquilidad

En todo caso, Manuel Baltar ha expresado este viernes su "satisfacción y tranquilidad" ante el auto judicial, si bien ha apuntado que "hay que esperar a ver qué pasa" con la asistencia técnica que afecta al funcionario que se mantiene como único imputado.

También ha aludido al derecho de los denunciantes -PSOE y BNG- de recurrir el auto, y al del propio funcionario.

En caso de que el trabajador recurriese el auto, según Baltar "lo hará como cuestión personal suya", por lo que negó que tuviese apoyo jurídico de la Diputación, cuyo jefe del servicio jurídico asistió a todas las declaraciones realizadas en el juzgado en relación a este asunto, aunque la institución nunca se personó.

Según Baltar, el auto "confirma la tesis de la Diputación igual que lo hizo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid" que, en el ámbito contencioso-administrativo, decidió suspender la devolución de los 10,1 millones de euros de subvención europea a los proyectos Daredo y Deputrans (para la instalación del centenar de microdepuradoras compactas), hasta que haya una resolución firme.

Funcionarios fueron libres

El auto que archivó la causa en lo relativo a la licitación y adjudicación de la compra de depuradoras, indica que no pudo encontrarse relación entre ningún funcionario de la Diputación y la decisión de adjudicar las depuradoras a la empresa SMA.

En el mismo sentido, la comisión creada en octubre de 2013 en la Diputación a la que sólo asistieron los integrantes del PP, concluyó en cuatro meses que los cuatro técnicos que participaron directamente en la gestión de los fondos europeos de los programas Daredo y Deputrans "fueron meridianamente tajantes al afirmar que actuaron con absoluta libertad de criterio, en la más estricta legalidad y según su saber y entender".

La comisión señaló que el informe-denuncia de la OLAF se "sustenta sobre apriorismos y presunciones" rechazados por la institución que dejó "la resolución de esta total discrepancia, bajo el amparo de las instancias competentes, que serán las jurisdiccionales".

Ministerio de hacienda cobrará

Por otra parte, el procedimiento administrativo impulsado por la OLAF para conseguir la devolución de los 10,1 millones de euros recibidos por la Diputación para los programas Daredo y Deputrans dejó en "suspensión cautelar" esa devolución con un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de octubre de 2014.

El tribunal superior administrativo de Madrid justificó la suspensión cautelar del pago "para evitar los perjuicios inmediatos" de esa devolución, teniendo en cuenta los datos económicos de la Diputación, y hasta que haya una resolución firme sobre las alegaciones presentadas por la institución provincial, para evitar esa devolución.

En una respuesta del Gobierno al senador Miguel Fidalgo en relación al expediente de devolución abierto por el ministerio de Hacienda, a instancias de la Olaf, el día 25 de noviembre, se explica que el procedimiento en marcha pretende "recuperar la cantidad total recibida por la Diputación de Ourense, en vista de las irregularidades en los proyectos Daredo y Deputrans".

También afirma que la deuda "deberá saldarse completamente, al margen de la fórmula utilizada, sea reintegro total o otra compensación", en alusión a la mitad de la cuantía que fue compensada por pagos pendientes del Estado a la Diputación.

RECURSO

Por su parte, el grupo del PSOE de la Diputación de Ourense, denunciante y personado como acusación en el juzgado instructor, estudia la presentación de un recurso frente al auto de archivo parcial de la causa de las depuradoras, según su portavoz José Ignacio Gómez.

"Respetamos la decisión del juez pero no estamos de acuerdo porque el informe de la OLAF era contundente en la existencia de posibles indicios penales y el juzgado sigue apuntando sólo a un funcionario cuando su única responsabilidad era administrativa, pero no política", ha esgrimido.

Por último, ha señalado que, al margen del auto judicial conocido esta semana, "no hay que olvidar que el dinero hay que devolverlo y eso también tiene sus responsables".