La Policía detuvo este miércoles a un trabajador del Canal de Isabel II de 26 años por negarse a identificarse durante la concentración convocada por la Plataforma contra la Privatización y la Marea Azul para oponerse a la emisión de bonos de renta fija o variable para financiarse.

En concreto, la junta general extraordinaria de accionistas dio su conformidad para que la sociedad saque al mercado valores por un importe de hasta 500 millones de euros.

La emisión no supondrá un aumento del endeudamiento de la compañía, sino que irá destinada a amortizar préstamos bancarios anteriores con intereses más altos. El presidente de Canal Gestión, Salvador Victoria, señaló que la operación permitirá obtener una reducción de costes financieros de entre 5 y 10 millones de euros anuales en intereses bancarios.

Los congregados frente a la sede del Canal, en la calle de Santa Engracia, temían que estos bonos fuesen canjeables por acciones de la compañía,  en un futuro, dando entrada otros capitales en un intento por reiniciar en el proceso de privatización que Esperanza Aguirre comenzó en2008, pero que tuvo que aparcar en 2012 al no encontrar el momento adecuado para sacar el 49% del Canal a bolsa.

La junta de accionistas descartó esa opción con la aprobación de una emisión que, según Victoria, no influirá de ninguna forma en el accionariado de la empresa, donde se encuentran representados la Comunidad de Madrid y 111 ayuntamientos de la región.

"La emisión será de carácter público y para ello, Canal de Isabel II Gestión se ha sometido a la obtención de un rating por parte de las agencias de calificación. El primero que se ha dado a conocer ha sido el de la agencia Fitch, que ha otorgado una calificación de BBB+, por encima de la de la Comunidad de Madrid e igual a la del Reino de España", explicó la compañía en un comunicado.

El endeudamiento de la corporación de aguas al cierre de 2013 era de 1.168 millones de euros y prácticamente el mismo de los últimos 3 años. Las previsiones son poder concluir 2015 con una cifra ligeramente inferior.

La Plataforma contra la Privatización, integrada por 66 organizaciones y colectivos sociales y que reunió este jueves a más de 200 personas ante la sede del Canal, se opone al uso de bonos porque constituyen "un sistema de financiación rígido, regulado con mano de hierro a nivel internacional y que podría incrementar a largo plazo el endeudamiento".

Según la Plataforma, la empresa "no es en absoluto deficitaria", sino que ha incrementado los beneficios un 43% desde 2011, e incluso ha repartido dividendos millonarios a los accionistas, en torno a los 200 millones anuales. Estos beneficios se han logrado "a costa de reducir un 56% la inversión en infraestructuras y material" y de no reducir la deuda, según el colectivo.

Precisamente, la junta general aprobó también este jueves -con un 99,65% de votos- el reparto de un dividendo a cuenta de 131,3 millones con cargo al resultado esperado a 31 de diciembre de 2014 y que será de 202,1 millones de euros. El dividendo representa un 65% del beneficio y será percibido, atendiendo a su porcentaje de acciones, por la Comunidad de Madrid y 111 ayuntamientos.