Los guardias civiles saldrán a la calle a principios de año para exigir más sueldo y menos horas

  • La asociación mayoritaria del cuerpo, la AUGC, anuncia una manifestación en Madrid para principios de año.
  • "Estamos hartos de ver como los políticos se llenan los bolsillos mientras se recortan los derechos a los guardias".
  • La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa del Gobierno a inscribirles como sindicato, a pesar de que les avalan sentencias europeas.
Varios guardias civiles, en una reciente protesta.
Varios guardias civiles, en una reciente protesta.
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Los guardias civiles volverán a salir a la calle. La asociación mayoritaria del cuerpo, la AUGC, que aglutina a 30.000 agentes, anunció este miércoles que prepara una gran manifestación en Madrid para principios de 2015 para exigir una mejora de sus condiciones laborales, "hartos de ver como los políticos se llenan los bolsillos mientras se recortan derechos a los guardias". El anuncio de la concentración se ha hecho en el acto de celebración de los 20 años de vida de la asociación. Si finalmente se produce la manifestación, será la quinta ocasión en la que los guardias toman la calle. La última fue el 18 de septiembre de 2010, en la que participaron unas 20.000 personas. Hasta esa fecha, los guardias civiles habían participado en dos concentraciones de protesta en abril de 2006 y enero de 2007, otra en 2008 en apoyo del sindicato policial SUP y una pequeña concentración de 60 agentes el 7 de septiembre de 2010, que precedió a la mayoritaria del día 18.

La AUGC ha resumido en un decálogo las reivindicaciones incumplidas que han motivado la convocatoria de la manifestación. Entre ellas, por ejemplo, el nuevo régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas que están negociando los grupos políticos parlamentarios (y que incluye a la Guardia Civil) y que no gusta nada a la AUGC. Este régimen disciplinario permitirá al Gobierno suspender o disolver las manifestaciones "reivindicativas" organizadas por miembros de las Fuerzas Armadas o la Guardia Civil "haciendo uso de su condición de militar". Además, quienes organicen o participen en reuniones o manifestaciones de "carácter político, sindical o reivindicativo portando armas, vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de guardia civil" incurrirán en una falta disciplinaria muy grave; mientras que cometerán una falta grave quienes hagan manifestaciones que vulneren su deber de neutralidad política, "pronunciándose o efectuando propaganda a favor o en contra de partidos o sindicatos o de sus candidatos". Un polémico articulado que prohíbe a los guardias civiles manifestarse y opinar.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la negativa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de inscribir el primer sindicato en la historia de la Guardia Civil. La AUGC lo había solicitado el pasado 10 de octubre argumentando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con sede en Estrasburgo) ha dictado dos recientes sentencias que determinar que prohibir la creación de un sindicato viola el artículo 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya que los Estados pueden imponer "legítimas restricciones" al ejercicio de este derecho por parte de los militares, como la posibilidad de huelga o conflicto colectivo, pero no "la prohibición pura y simple de crear un sindicato".

Empleo rechazó la legalización del sindicato alegando que el artículo 1.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical excluye de este derecho a los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter militar, como la Guardia Civil. Ahora, la AUGC ha recurrido esta negativa ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, y están dispuestos a plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el citado artículo. Este artículo, según el recurso, debe interpretarse a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "igual que España acató la 'doctrina Parot' que puso en la calle a muchos terroristas y peligrosos delincuentes".

Menos salario y más horas

El acceso de los guardias civiles al derecho de sindicación y que no estén sometidos a la jurisdicción militar son dos de las peticiones de AUGC. Pero no son las únicas. Quieren un nuevo modelo policial que supere la actual "descoordinación y duplicidad entre los policías que operan en España". Según la asociación hay 2.700 acuartelamientos mal distribuidos y organizados, que han provocado que haya muchos cuarteles "fantasma" en pueblos pequeños con apenas dotación que son incapaces de prestar servicios eficaces de seguridad. En junio de 2014, la Guardia Civil contaba con 79.809 efectivos, 2.833 menos que en el año 2011, un descenso del 3,4%.

Además, los guardias civiles ganan menos que los policías nacionales, una media de 150 euros menos al mes, cuando en la Benemérita la jornada es de media 155 horas mensuales y en la Policía Nacional la media es de 144 horas mensuales. "Sin olvidar que en la Policía tienen turnos fijos y nosotros no. Además, los jefes de unidad no tienen horario", explican desde la AUGC. "Trabajamos más y cobramos menos". En enero de este año, la Comisión Europea lanzó un ultimátum al Gobierno España para que aplique correctamente una directiva del 2003 sobre tiempos de trabajo. El Ejecutivo comunitario pidió a España que "respete los derechos de la Guardia Civil a los periodos mínimos de descanso y al límite promedio de 48 horas semanales de trabajo", algo que no se cumple. "Queremos una jornada laboral digna que permita conciliar vida personal y laboral. Cuando un policía llega a nueve años de trabajo, nosotros hemos hecho diez, por el incremento de horas trabajadas", afirman en la AUGC.

Por último la AUGC quiere "una aplicación efectiva de las políticas de igualdad". Actualmente hay 5.107 mujeres en la Guardia Civil. Representan un 2,77 % de la escala de oficiales, un 2% de la escala de suboficiales y un 7,60 % de la escala de cabos y guardias. El empleo más alto que ocupan es el de comandante. Y también que no se persiga la labor sindical de las asociaciones. Desde que empezó el Gobierno de Zapatero en 2004 hasta ahora Interior ha abierto más de 300 expedientes disciplinarios a miembros de la AUGC, 40 de ellos en el Gobierno de Rajoy. Los últimos tres a delegados de ACAIP en Melilla, por pedir un protocolo de interceptación de los inmigrantes que llegan a la valla.

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