El equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil de la Comandancia de Cáceres ha conseguido desmantelar una organización compuesta por tres clanes familiares, en el que participaban al menos unas 80 personas, de la cuales nueve son menores de edad, todos ellos con domilicios en los barrio de Plasencia de La Data, San Lázaro y Rosal de Ayala, a las que se imputan los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación, denominada 'Hiding place', se ha saldado con la detención de 13 personas, que se encuentran ahora mismo en libertad condicional, y que presuntamente forman parte de una estructura piramidal que habían conseguido introducir, entre los años 2004 y 2014, a través de siete entidades bancarias de Plasencia, Madrid y otras localidades cacereñas, dinero probablemente procedente del tráfico de drogas por un importe total de 4.572.247,51 euros, de los que 2.844.233,47 euros habían sido ingresados en efectivo en 172 cuentas bancarias.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo cuando las propias entidades bancarias alertaron a la Guardia Civil de los movimientos de las cuentas, que existían de dos tipos: las denominadas 'puente', donde nada más ingresar los fondos se traspasaban a otras cuentas o se retiraban en efectivo, y las 'cuentas de inversión', donde los fondos eran sometidos a numerosas operaciones financieras, tras las cuales muchas cuentas quedaban en saldo negativo, lo que "evidencia su finalidad para el blanqueo del dinero", ha indicado el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, que ha informado este lunes sobre la operación.

López Iglesias ha explicado que, dada la ingeniería financiera llevada a cabo por la organización, la Guardia Civil considera que ha sido asesorada por terceras personas, las cuales se están investigando por lo que no se descarta que, próximamente, pueda haber nuevas detenciones relacionadas con este caso, de personas que hayan podido apoyar o asesorar la trama de blanqueo.

Asimismo se investiga si los controles financieros para el blanqueo de dinero llevados a cabo por las entidades bancarias "han sido los correctos", si bien, el teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres, Laureano Martín, ha aclarado que ha sido gracias a la alerta dada por las entidades financieras cuando se ha iniciado la investigación que ha concluido con la mayor operación contra el blanqueo de dinero que se ha llevado a cabo en Extremadura hasta el momento.

Una operación que no está cerrada pero en la que, hasta ahora, se han detenido 13 personas y se han bloqueado 1.663.000 millones de euros en tres entidades bancarias además de 13 inmuebles inmovilizados, además de la incautación de 25.000 euros en efectivo que fueron encontrados en los nueve domicilios que se registraron en los citados barrios placentinos el pasado día 30 de octubre y en cuya operación se utilizaron perros adiestrados para detectar dinero que fueron traídos de Madrid para participar en esta operación.

Modus operandi

Respecto a la forma de actuar de la red cabe recordar que los miembros de la organización, antes de introducir el dinero que pretenden blanquear en el sector bancario, crean varias cuentas. Después una vez centralizado el dinero procedente del tráfico de drogas se lo reparten y lo ingresan en efectivo en estas cuentas para realizar transferencias o traspasos a otros miembros de la organización.

Los que reciben los fondos proceden a realizar inversiones financieras dentro de la misma entidad, plazos fijos, fondos o cuentas de valores, durante el plazo de uno a tres años, tras los cuales transfieren el dinero a otras cuentas bancarias de los mismos o de diferente titularidad, o retiran todo o parte del dinero en efectivo.

La tercera fase del blanqueo consiste en mezclar esos fondos de lícita procedencia con los de procedencia ilícita llevándose a cabo a la par tanto inversiones financieras, como la obtención de préstamos, amortizados y avalados por el dinero existente en las cuentas. Se ha comprobado que la organización había obtenido préstamos por cerca de 1,5 millones de euros, dinero empleado en su mayoría para la compra de inmuebles.

En ninguna de las cuentas analizadas se han registrado salida de fondos que tenga por objeto el pago a proveedores que acrediten que estas personas se dedican a la venta ambulante, como ellas declaran ante las entidades bancarias, así como tampoco se registran ingresos de empresas relacionadas con la chatarra. Incluso, algunos de los implicados cobraban algún tipo de subsidio o renta básica por lo que el alto nivel de vida que llevaban resultaba "sospechoso", ha dicho el delegado del Gobierno que ha felicitado a los agentes de la Guardia Civil que han participado en esta investigación.