La necesidad de atajar la confusión generada por múltiples normas sectoriales que introducen excesivos requisitos documentales en los planes urbanísticos, así como la necesidad de unificar las líneas doctrinales y jurisprudenciales acerca de su naturaleza, fueron las principales conclusiones de unas jornadas técnicas sobre Urbanismo y Medio Ambiente celebradas recientemente en Madrid, y en las que Navarra expuso también experiencias propias.

El encuentro, organizado por la Comunidad de Madrid con la colaboración de juristas y responsables de estas materias de toda España, se desarrolló durante dos días destinados al análisis y debate sobre aspectos fundamentales de la ejecución de sentencias en materia de urbanismo. Más concretamente, el objetivo era abordar los problemas generados por la anulación de múltiples planes urbanísticos en toda España, por causas meramente formales o de procedimiento.

A la cita acudió el director general de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Navarra, José Antonio Marcén, acompañado de un equipo de letradas del Departamento de Fomento. La delegación navarra tuvo oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencia con responsables de urbanismo de otras administraciones públicas así como con prestigiosos juristas o magistrados que participaron como ponentes, entre ellos Manuel Moix (fiscal general de la Comunidad de Madrid), José Suay (magistrado del Tribunal Supremo) o Edilberto Narbón (presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Valencia).

Por parte de Navarra también acudió a las jornadas el magistrado del TSJN especialista de lo Contencioso Administrativo Francisco Pueyo, según ha informado el Gobierno foral en un comunicado.

El

Caso de cordovilla

Los debates tuvieron un eminente carácter técnico y práctico, y estuvieron basados en supuestos reales de estudio. Uno de los casos prácticos seleccionados por la organización de la Jornadas para fue el del 'Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para el desarrollo de un Área Residencial de vivienda protegida en términos de Cordovilla y Pamplona'. El caso fue expuesto por el abogado urbanista Julián Cañas Labairu, representante jurídico de la Junta de Compensación que agrupa a los propietarios de este sector. En relación con este plan, el ponente destacó el hecho de que el plan fue paralizado por fallos formales y no de fondo u oportunidad, desembocando en un complejo proceso judicial que está pendiente de resolución.

Como se puso de manifiesto en las jornadas, existen muchos planes, incluso de grandes ciudades, también anulados por fallos de forma o procedimiento. Entre los citados en las jornadas destacan los casos de Madrid, con muchos grandes sectores bloqueados; el plan general de Castellón, que acumula ya diez años de trámites con tres intentos fallidos de aprobación, o el de Orense, que también permanece atorado por falta de un informe de telecomunicaciones, ha añadido el Ejecutivo.

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