El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha declarado este martes ante el juez que el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (PP) le llamó para para pedirle un edificio "emblemático" que albergase el Centro de Convenciones de Castellón y que, posteriormente también Camps garantizó que se llevaría a cabo el proyecto en tres fases por un importe de 180 millones de euros, el triple de lo estipulado en un primer momento.

Así lo ha asegurado los medios el diputado autonómico de EUPV Ignacio Blanco, formación que ejerce la acusación popular en este caso, tras finalizar la declaración de Santiago Calatrava en calidad de imputado en el juzgado de Instrucción número 5 de Castellón dentro de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en relación con el proyecto de construcción del Centro de Convenciones de la capital de La Plana.

Por este diseño, en cuyo contrato se había estipulado un precio de 60 millones de euros, el Consell pagó al ingeniero 2,7 millones de euros en concepto de redacción del plan director, anteproyecto y proyecto básico, aunque el centro no se construyó por la crisis económica.

Por su parte, Calatrava, que ha declarado durante más de una hora ante el juez, ha declinado hacer declaraciones a los medios. No obstante, ha emitido un comunicado en el que asegura que su estudio realizó un "intenso" trabajo para desarrollar el proyecto, siguiendo las pautas del encargo realizado por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV).

El trabajo se desarrolló durante un periodo de más de un año y, según el arquitecto, dio lugar "a más de 350 bocetos y acuarelas, más de 300 planos de arquitectura, 15 informes y memorias", con una participación de un amplio equipo de profesionales aunque "por cuestiones devenidas de la situación económica nacional no se llevó a su fase de ejecución".

Se trata de la segunda vez que el arquitecto está citado a declarar en la Ciudad de la Justicia castellonense, después de que, en la primera ocasión, que había sido establecida para el pasado 2 de septiembre, no se presentara ya que, según sus abogados, no se le había podido comunicar oficialmente la comparecencia.

Una denuncia de Esquerra Unida presentada en 2011 es el origen de la investigación judicial en torno a las contrataciones de este proyecto, que fue anunciado en 2008.

La Generalitat decidió suspender temporalmente la construcción del complejo a finales del año 2012 debido a la coyuntura económica.

Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en una causa cuyo sumario acumula, según esta formación, cerca de mil folios, ha instado al arquitecto a aclarar por qué se adjudicó "a dedo" el proyecto, sin concurso público, y "otra serie de condiciones privilegiadas que no han tenido otros contratistas".

En el mismo juzgado han comparecido ya como imputados el ex director general de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) Nicolás Figueres, así como Javier Manso, quien también ocupó un cargo en la misma sociedad.

Para este jueves está prevista la declaración, también como imputada, de la ex directora general de Turismo de la Generalitat Cristina Morató por su supuesta implicación en las irregularidades investigadas.