El PP ha pedido a la Junta de Andalucía "sensibilidad" para que regularice la situación de 27 viviendas de Chipiona (Cádiz), cosa que la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, explica que no se hará si cuentan con una "sentencia firme" de demolición.

Así lo ha indicado Serrano en sede parlamentaria en respuesta a una pregunta formulada por el diputado autonómico del PP Antonio Sanz, quien planteaba si la Junta estaría dispuesta a regularizar la situación de estas viviendas que se enfrentan a una "sentencia firme" de demolición que "dejaría sin hogar a las familias que en ellas habitan".

En una primera intervención, la consejera se ha limitado a comentar que la respuesta es "obvia", puntualizando en una segunda intervención que "en un Estado de Derecho hay que acatar las sentencias firmes". Asimismo, considera "muy alarmante" que el PP pregunte si se van a regularizar, ya que no se trata de una cuestión de "voluntad", sino "de legalidad".

Sanz ha reprochado a la consejera su "falta de respeto" a estas familias y ha pedido al Gobierno andaluz "lealtad a los principios de los que presume", no dando "la espalda" a unas familias que viven "intranquilas" desde que el exalcalde socialista de Chipiona "las llevó a los tribunales".

Detalla el parlamentario 'popular' que se trata de 27 familias "de agricultores" que "hace diez años" construyeron sus viviendas "en sus propios terrenos", "sin causar daño ecológico ni medioambiental" y que no se enclavan en espacio protegido. Agrega que, teniendo en cuenta la situación económica de estas familias, el derribo de sus casas sería "un auténtico drama".

Apostilla que esas casas están en la misma situación que "otras muchas del municipio colindante de Sanlúcar", preguntando en este punto si allí "sí se autorizan porque gobierna el PSOE" y no se llevan a los tribunales.

Ha pedido a la consejera "sensibilidad" y que no se siga "engañando con titulares" desde la Junta, primero con el decreto de 2012 y ahora con la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), ya que no hay "ni una solución real".

El 'popular' ha instado a la consejera a aclarar si van a "volver a excluir" a las viviendas chipioneras "como hicieron en 2012", considerando que se incurriría en "un agravio comparativo" al no dar una respuesta a 27 familias que reclaman "una solución urgente e inmediata" frente a las "300.000 viviendas irregulares que hay en Andalucía".

"insensibilidad" de rajoy

Por su parte, Serrano se ha quejado de la "falta de datos" suficientes en el expediente para poder formular una respuesta. No obstante, asegura que "si tienen una salida dentro del marco de la legalidad, la tendrán", pero no si existe una sentencia firme de demolición, según ha insistido.

Asegura que la Junta "no mira para otro lado", sino que "afronta la realidad" y con la modificación de la LOUA pretende "regularizar o dar salida a aquello que la tenga", es decir, lo que "no estén en suelo no urbanizable, que no sea de especial protección o inundable y siempre que no tengan una sentencia judicial firme", recalca, ya que "hay que acatarlas, nos gusten o no".

Asimismo, ha lamentado que el PP se preocupe por este problema y "no le diga a Rajoy que ponga remedio a las miles de familias que han sido desahuciadas", que "obligue a los bancos a los que les ha dado dinero a evitar los desahucios" de quienes no pueden pagar sus hipotecas hasta que haya un "comprador firme" de esas viviendas.

En esta línea, pregunta si "tan difícil" es "obligar" a la entidades bancarias a poner las "miles" de viviendas que tienen vacías a disposición de familias en situaciones "dramáticas".

Finalmente, ha aseverado que los desahucios "se pueden y deben evitar" y es posible "si se buscan soluciones", como apunta que hizo la Junta, si bien el Gobierno de Rajoy "volvió, una vez más, con su recurso a interponer obstáculos a la labor de la Junta con las familias más desfavorecidas", ha lamentado.

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