El Cabildo de Tenerife asume el incremento del coste del servicio de tratamiento de los residuos reciclables

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegura que las mejoras que propone el nuevo plan para tratar los residuos supone un cambio en el modelo de la isla que no repercutirá económicamente en el ciudadano.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, asegura que las mejoras que propone el nuevo plan para tratar los residuos supone un cambio en el modelo de la isla que no repercutirá económicamente en el ciudadano.

Durante la reunión del Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT) celebrada este miércoles en el Complejo Ambiental de Tenerife, Alonso señaló que el sobrecoste previsto para el tratamiento de los materiales reciclables lo asumirá la corporación insular, por lo que los municipios seguirán pagando lo mismo.

En el caso de los residuos en masa (no recogidos selectivamente), el Cabildo pide a los ayuntamientos que se hagan cargo del incremento, que no sería superior al 2 por ciento para cada ejercicio, unos 40 céntimos al año por habitante. Por lo tanto, el presidente quiso dejar claro que "es completamente falso que se pretenda duplicar la tasa de basura a los ciudadanos".

En la reunión, también se acordó crear una comisión técnica de trabajo con los ayuntamientos para seguir avanzando en implementar todas las medidas previstas en el Plan de Residuos, que están destinadas a minimizar la generación de los residuos e incrementar la reutilización y el reciclaje.

En ella, se podrá aportar sugerencias y estudiar cómo se llevará a cabo el proceso hasta que se produzca la licitación del contrato del nuevo concurso que se encargará del tratamiento de los residuos.

El presidente agradeció la colaboración plena de los ayuntamientos para sacar adelante, antes de final de año, el nuevo servicio de residuos.

En este encuentro, en el que estuvieron representantes de los ayuntamientos de la isla y del Cabildo se aclaró que el tramo de la tasa que se incrementa es el que abonan las administraciones públicas y "esto no debe repercutir en la factura que pagan los ciudadanos". Para seguir avanzando en este tema, está prevista una nueva reunión el próximo 6 de octubre.

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