El ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, ha pedido al Gobierno canario "sensatez, cordura, responsabilidad y sentido común" a cuenta de las prospecciones petrolíferas. El ministro ha asegurado que el Consejo de Ministros "no va a autorizar" la consulta popular que pretende realizar; el Ejecutivo regional le ha contestado: "la consulta es legal y se va a hacer".

Tras presidir una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP en Canarias, Soria ha aludido al "divorcio institucional" con la Administración del Estado que, según ha advertido el presidente canario, Paulino Rivero, podría producirse en las islas el caso de que no se paralicen las prospecciones autorizadas la pasada semana.

El presidente de los populares canarios se ha preguntado si con esa "amenaza de ruptura institucional" Rivero pretende que Canarias deje de recibir miles de millones de euros del Estado con los que se financian distintos ámbitos, como el energético, el transporte, o el pago a proveedores. Soria ha manifestado que tanto el PP como el Gobierno español "rechazan cualquier tono amenazante de cualquier institución".

El ministro ha asegurado que el Consejo de Ministros "no va a autorizar" la consulta popular que pretende realizar el Gobierno canario sobre estos sondeos petrolíferos "porque es ilegal" y ha añadido que la reunión que ha solicitado Rivero con Mariano Rajoy para abordar este asunto "se producirá cuando haya disponibilidad" en la agenda del presidente del Ejecutivo nacional.

Sobre la supuesta doble vara de medir que tiene el Gobierno sobre los sondeos previstos en Baleares y los de Canarias, Soria ha dicho que los primeros fueron autorizados por el PSOE y ha precisado que en ese otro archipiélago el operador aún no ha solicitado la pertinente declaración de impacto ambiental, que tarda en resolverse entre 12 y 18 meses.

Por su parte, el Gobierno de Canarias ha replicado al ministro que la consulta que pretende convocar para que los ciudadanos de las islas puedan expresar su opinión sobre las prospecciones petrolíferas "es legal y se va a hacer".

El consejero de Presidencia y Justicia de la comunidad autónoma, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha recordado que el Gobierno y el Parlamento canarios solicitaron hace meses permiso al Consejo de Ministros para convocar un referéndum al respecto, con "un escrupuloso respeto al marco constitucional".

Hernández Spínola ha subrayado que es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo central la que lleva a la comunidad a desarrollar los mecanismos de consulta, distintos al referéndum (cuya competencia es exclusiva del Estado), previstos en el Estatuto de Canarias, "que también es una Ley Orgánica".

El consejero ha rechazado que el ministro califique de "ilegal" el procedimiento que Canarias se propone seguir para permitir a los residentes en las islas que expresen formalmente su opinión sobre los permisos concedidos a Repsol para buscar hidrocarburos a 50 kilómetros al este de Fuerteventura y Lanzarote.

"¿Es acaso el señor Soria el intérprete de la Constitución? ¿Ha sustituido en sus funciones al Tribunal Constitucional?", se ha preguntado Hernández Spínola, quien opina que el ministro muestra con sus declaraciones de hoy que "sigue instalado en la prepotencia". Asimismo, ha destacado que el Gobierno canario no puede tolerar "el agravio" de que las prospecciones previstas en este archipiélago reciban un tratamiento diferente a las que se plantean en Baleares.