Treinta y nueve personas han sido detenidas por la Policía en Málaga en una operación en la que se ha destapado un entramado empresarial por un fraude a la Seguridad Social en el que se ha generado una deuda con la Tesorería General de más de 260.000 euros.

Entre los detenidos se encuentra un empresario, considerado por los investigadores el cerebro de la trama, como presunto autor de delitos de falsedad documental y fraude, ha informado este sábado la Policía en un comunicado.

Los integrantes de la trama firmaban contratos laborales ficticios y daban altas irregulares en la Seguridad Social con una doble finalidad: obtener prestaciones económicas indebidas —por desempleo, diversos subsidios, rentas activas, maternidades o jubilaciones futuras— y regularizar a extranjeros que se encontraban de forma irregular en España.

Las investigaciones han determinado que el empresario arrestado había creado un entramado mercantil con apariencia real, formado por 11 sociedades, alguna de ellas con actividad real, la mayoría de ellas dedicadas a servicios de limpieza, higiene y esterilización.

Se publicitaba en Internet como primera franquicia social creada en España, financiada con fondos públicos, pionera en un nuevo concepto de negocio y en fomentar el autoempleo, y había llegado a conseguir acuerdos de colaboración con entidades de reconocido prestigio nacional.

Aunque algunas de las empresas de la trama empresarial tenían actividad real, se valían de dicha infraestructura para firmar contratos ficticios a cambio de unos 600 euros.

Este entramado también estaba ligado a una asesoría jurídica encabezada por el empresario detenido y que mediaba en la obtención de autorizaciones de residencia para extranjeros.

Durante esta operación se ha comprobado que las falsas mercantiles habían contraído una deuda con la Seguridad Social de 260.234 euros.

Además, se ha constatado que 31 de estas personas habían cobrado de forma fraudulenta el subsidio por desempleo, por un importe superior a 80.000 euros.

Durante la operación se han practicado dos registros, en el domicilio del empresario y en la asesoría jurídica sede central de las empresas, en los que se han intervenido distinto material relacionado con las investigaciones.