La Junta aprueba el dictamen de la comisión de investigación de la Fundación Niemeyer

"No pretendan vestirlo de objetividad porque no la tiene", dice Lastra, afirmando que el dictamen que rechazan los socialistas es "una chapuza"
Centro cultural Niemeyer
Centro cultural Niemeyer
DAMIÁN ARIENZA

El pleno de la Junta General del Principado ha aprobado este jueves, por 25 votos a favor y 17 en contra, el dictamen de la comisión de investigación sobre la gestión de la Fundación Niemeyer, que en sus conclusiones señala como responsables a ocho políticos y gestores entre los que destaca el expresidente del Principado, el socialista Vicente Álvarez Areces; la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela (PSOE); el ex director del centro internacional cultural, Natalio Grueso; y el secretario de la Fundación, José Luis Rebollo.

La diputada del PP Susana López Ares ha dicho que se trata de un dictamen "de mínimos" para alcanzar "el consenso y la mayoría necesarios" para su aprobación, reconociendo que no es la propuesta del PP pero cumple con los objetivos de depurar responsabilidades y ofrecer recomendaciones. Igualmente, la parlamentaria 'popular' incidió en el papel activo de Vicente Álvarez Areces, como presidente del Principado, y en la actuación de distintas consejeras de Cultura como presidentas del Patronato, así como en la responsabilidad de los gestores.

Desde Foro, la diputada Carmen Fernández ha resaltado la decisión del Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos de "aclarar" la gestión del centro, con el objetivo de impulsar su actividad cultural desde el control financiero y la transparencia. Además, ha reprochado que se ocultase información al Ejecutivo de Foro, al tiempo que lamentó el "miedo" a elaborar un dictamen completo como pedía su grupo, justificando así su voto particular que ha quedado rechazado por la Cámara.

Por parte de IU, la diputada Emilia Vázquez, ha resaltado que su formación defendió desde el principio la creación de esta infraestructura cultural, pero también "su gestión y control públicos", poniendo en valor la postura de su partido y sus aportaciones al dictamen para alcanzar el "máximo consenso". Vázquez, que remarcó la disconformidad de IU con las formas del presidente de la comisión, Alfonso Román López (PP) hasta pedir la modificación del dictamen inicial basado en "un relato subjetivo", lamentó también la "falta de interés" del PSOE en el proceso.

Desde UPyD, el diputado Ignacio Prendes ha hecho énfasis en que la comisión es la segunda de la legislatura y fue creada por acuerdo unánime. "Cómo es posible que un proyecto cultural de primera magnitud para Avilés y para Asturias, que nació con apoyo político casi unánime acabara convertido, cinco años después, en un auténtico fiasco económico y cultural, dando incluso lugar a un proceso penal", se preguntó, destacando que señalar a los responsables era uno de los principales objetivos de la comisión, así como mejorar "la rendición de cuentas para favorecer el interés general".

"No pretendan vestirlo de objetividad porque no la tiene", ha dicho el portavoz socialista, Fernando Lastra, respecto al dictamen al que su grupo hizo un voto particular que fue rechazado por el pleno, reprochando que el resto de partidos no haya asumido sus responsabilidades en el caso y añadiendo que no se ha investigado nada que no esté en los juzgados ni se haya publicado en los medios.

"Hablan de la responsabilidad de los políticos, pero se debería añadir 'socialistas', porque había más políticos que no incluyen", ha apuntado, asegurando que en la gestión hay "corresponsabilidad de todos" frente al intento de imponer la presunción de culpabilidad para algunos. "Han hecho daño a la ilusión de una ciudad", ha advertido, concluyendo que el dictamen ha sido "una chapuza".

Además, en la sesión extraordinaria, que continúa esta tarde a partir de las 17.00 horas, ha salido adelante, con el rechazo de IU, la reforma de la Ley de Comercio Interior, al sumar los votos de PSOE, Foro, PP y UPyD para aprobar el dictamen de la Comisión de Economía y Empleo con la que se adapta la norma a la aplicación de la directiva europea.

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