La Policía Nacional ha desarticulado una red que defraudó 470.000 euros a través de 182 contratos falsos a extranjeros para facilitarles el acceso a prestaciones, subsidios y permisos de residencia, una operación en la que han sido detenidas 109 personas, entre ellas los seis responsables de la trama.

El fraude se sustentaba en una empresa supuestamente dedicada a la construcción que en realidad carecía de actividad alguna y que suscribía contratos ficticios por los que los extranjeros pagaban hasta 3.600 euros. Según ha informado este jueves la Policía en un comunicado, el desmantelamiento de esta red ha supuesto hasta el momento la anulación de 31 permisos de residencia basados en los contratos falsos.

La investigación se inició a raíz de la información facilitada por la Inspección de Trabajo de la Delegación del Gobierno en Ibiza, que sospechaba de una empresa de construcción sin actividad aparente que había dado de alta en la Seguridad social a 156 trabajadores, algunos de ellos en varias ocasiones.

Los agentes comprobaron que el propósito de estas altas era que los supuestos empleados pudieran acreditar periodos de carencia para cobrar prestaciones o subsidios y para que extranjeros radicados en España pudieran regularizar su situación o prorrogar permisos obtenidos antes de forma legal.

Estas conductas, señala la Policía, "podrían ser constitutivas de delitos de falsedad documental y estafa", y, según la circunstancias y la cuantía, los falsos empresarios podrían ser acusados de delitos contra la Seguridad Social, la Hacienda Pública y los derechos de los trabajadores.

Los responsables de la trama obtuvieron de sus trabajadores ficticios unos 500.000 euros a cambio de los contratos y algunos de estos empleados falsos percibieron de las arcas públicas prestaciones que alcanzaron los 8.000 euros, mientras que otros lograron la paralización de expedientes de expulsión ya en curso.

El fraude se inició con tres contratos falsos en 2008, cuando se constituyó la empresa de construcción, y se retomó en 2011 tras un cambio de nombre y de propietario ligado a la asociación con una gestoría que se hizo cargo de las contrataciones y gestionó 182 altas irregulares.

Los investigadores subrayan que la operación ha sido de "una enorme dificultad" porque los implicados no residían en las direcciones que figuraban en sus permisos de residencia y muchos de ellos no vivían en Ibiza, sino en la península o en sus países de origen.