El Juzgado de Instrucción número 4 de León ha acordado levantar el secreto de sumario en la instrucción del caso por la muerte violenta de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, al considerar que ya no existe obstáculo que pueda perjudicar la investigación.

Según han informado este miércoles fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), la ley establece el plazo de 30 días para mantener en secreto de sumario de las actuaciones, que también afecta a las partes personadas en la causa, excepto el ministerio fiscal.

Este plazo terminaba este jueves, 12 de junio, cuando se cumple un mes de la muerte a tiros de la que fuera presidenta de la Diputación de León y del PP provincial.

En este momento, la jueza ya ha recibido el informe final de la autopsia, que indica que la causa inmediata de su muerte —el pasado 12 de mayo, aproximadamente a las 17.25 horas— fue un "shock hipovolémico y destrucción de centros nerviosos superiores a consecuencia de impactos de proyectiles de arma de fuego corta".

En total, son 22 las personas a quienes la jueza instructora ha tomado declaración, entre ciudadanos que presenciaron los disparos; amigos de Raquel G., la agente de la policía local imputada; y policías que participaron en la detención de las otras dos imputadas, María Montserrat G., de 59 años, y su hija Montserrat T. M., de 35.

El TSJCyL explica que la jueza instructora ha realizado, entre otras diligencias, análisis de las llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las imputadas, posicionamientos de teléfonos móviles, y dos registros domiciliarios en los pisos de Montserrat T. M. y de Raquel G.. También se realizó un registro de la taquilla personal de la agente policial.

En el registro al domicilio de Montserrat T. M. la Policía encontró medio kilogramo de marihuana, cantidad que hace suponer que no era para el consumo.

Al no tener relación con el delito que se estaba investigando, la jueza ha informado ya de este hallazgo al Decanato de León para que establezca, según las normas establecidas, qué juzgado debe investigar si existe algún hecho ilícito.

La jueza instructora está ahora a la espera de recibir el informe balístico y la información resultante de los volcados de ordenadores y memorias informáticas. Además de la acusación pública, a la causa se han personado, como acusación particular, miembros de la familia de la presidenta de la Diputación, esta institución y el PP.

Por otra parte, la jueza ha denegado la libertad provisional para Raquel G. que había solicitado su defensa, que ejerce el letrado Fermín Guerrero.

Según ha explicado el abogado de G., la negativa de la jueza a dejarla en libertad se basa en que entiende que la policía local tiene una supuesta notable participación en el crimen, por lo que debe permanecer en prisión a la espera de juicio.

La agente de la Policía Local continúa desde el 16 de mayo en el modulo de ingresos de la prisión de Villahierro, en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas, junto a las otras dos imputadas, con las que no ha tenido contacto.

Los investigadores manejan la venganza personal como principal móvil del crimen, ya que madre e hija acusaban a Carrasco de haber despedido a la segunda de la Diputación en 2011.