El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, ha señalado que se va a negociar la presencia de "por lo menos" un helicóptero en los puestos de emergencia a disposición de los servicios contraincendios de la isla, ya que entre mayo y septiembre "es el más delicado para afrontar este tema".

Bravo de Laguna recordó, en declaraciones a los medios, que el concurso de helicópteros está impugnado, de ahí que vayan a intentar negociar que haya "un helicóptero por lo menos y quizás otro más en sus puestos de emergencia a disposición de los servicios contraincendios" de la isla.

Por otro lado, cuestionado por los malos olores de los vertedores, insistió en que "no es responsabilidad" del Cabildo pero señaló que asumen lo que les corresponde, como es el tratamiento de residuos en Gran Canaria.

"Por primera vez en Gran Canaria se está tratando los residuos de manera adecuada en el Complejo medioambiental del Salto del Negro —en Las Palmas de Gran Canaria—, que es en el que ha permitido entrar y hacer la obra", recordó.

Sin embargo, el de Juan Grande tiene una prohibición judicial que espera que se "levante pronto y pueda también ayudar a arreglar los problemas" aunque afirmó que los malos olores "están producidos fundamentalmente por lodos y metano", lo que señaló están afrontando con las empresas concesionarias tanto del Salto del Negro como la que en estos momentos está gestionando todavía la de Juan Grande.

Estudiando el bic

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el Bien de Interés Cultural (BIC) y la posición de Riu instando a una pronta resolución, Bravo de Laguna apuntó que están estudiando jurídicamente la solicitud del Gobierno canario que ha pedido algunas aclaraciones sobre posibles indemnizaciones.

"Las estamos estudiando jurídicamente para dar respuesta, están planteando el tema de recursos por parte de alguien, también le vamos a dar respuesta al Gobierno de Canarias", resaltó.

Finalmente, consideró que el Cabildo de Gran Canaria ha cumplido sus deberes "y ahora le corresponde al Gobierno de Canarias resolver. Si hay denuncia demora ante el Gobierno de Canarias, tiene el plazo de dos meses para resolver el Gobierno de Canarias", apostilló.