La falta de personal y la demora de la Comunidad de Madrid en la cobertura de bajas y vacantes están provocando retrasos de hasta un año en las ejecuciones hipotecarias, diligencias por impagos, subastas, embargos, juicios menores de tipo civil y penal e, incluso, en los procedimientos por violencia sobre la mujer abiertos en los juzgados mixtos de la periferia de Madrid.

La situación afecta a los ocho tribunales que dan servicio a los partidos judiciales de Valdemoro, Navalcarnero, Aranjuez, Torrelaguna, Colmenar Viejo, San Lorenzo de El Escorial, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón.

A diferencia de los juzgados exclusivos situados en la capital, los de los municipios compaginan los expedientes civiles y penales de violencia de género (amenazas, órdenes de alejamiento, separaciones, divorcios, agresiones o ingresos en prisión) con los asuntos civiles y penales de Primera Instancia e Instrucción.

Valdemoro es el más saturado de ellos. Cada uno de los siete juzgados que componen el partido ingresó 3.183 asuntos de Primera Instancia e Instrucción en 2013, según el resumen estadístico publicado en abril por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El número 3, que ejerce tareas mixtas, asumió además otros 1.115 procedimientos de violencia machista que incrementaron su carga de trabajo un 35%.

El de Navalcarnero se ocupó de 2.392 cuestiones ordinarias y otras 557 cuestiones de género que supusieron un 16,4% de trámites adicionales. Colmenar registró 3.006 conflictos y un ascenso del 16,2% a cuenta de los 486 litigios de género presentados en su ámbito. Aranjuez soportó un 10,3% más de procedimientos debido a los 247 pleitos adicionales por sus competencias especiales a los 2.392 que le cayeron por reparto.

San Lorenzo de El Escorial (2.961,5 asuntos por juzgado), Majadahonda (3.495), Torrelaguna (1.606), Pozuelo (3.563,5) también aguantaron cargas adicionales del 10,1%, el 7,7%, el 6,6% y el 2,8% al anotarse 300, 296, 106 y 99 procesos por agresiones en el ámbito familiar.

Sin embargo, y a pesar de que las responsabilidades de estos juzgados son mayores, la Administración no les dota de más recursos. "Cuentan con el mismo personal que los juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Además, en Valdemoro, Navalcarnero, Aranjuez y Pozuelo hay bajas o plazas sin cubrir", apunta Juanjo Carral, responsable de Justicia del sindicato CSI-F.

Además, la Comunidad de Madrid eliminó el año pasado el complemento de entre 200 y 300 euros brutos que abonaba a los funcionarios en función de prolongación de jornada. "Se les pagó más para que hicieran 37,5 horas en lugar de las 35 que estaban estipuladas por ley. Desde que el Gobierno subió la jornada semanal de todos los funcionarios a 37,5 horas, ese complemento ya no se reconoce, aunque los empleados siguen echando entre 40 y hasta 42 horas a la semana", precisa Carral.

La ausencia de manos y los recortes se traducen, en primer lugar, en niveles de trabajo inasumibles. "Tengo asignados 1.200 procedimientos y mis compañeros, unos 850, cuando el CGPJ dice que solo se pueden llevar unos 250 al mismo tiempo", explica una empleada que pide no ser identificada. "He llegado a tener 900 asuntos activos. Ahora nos encontramos con 500 por la caída de la litigiosidad que provocó la aprobación de las tasas judiciales el año pasado, pero sigue siendo una barbaridad", añade otro.

La segunda consecuencia son los retrasos. Valdemoro, con 9 funcionarios, padece demoras generalizadas de cuatro y cinco meses en la tramitación de procesos hipotecarios, embargos, deudas, subastas o cobros. Eso, sin contar los señalamientos que se aplazan el mismo día de su celebración y que no se vuelven a ver hasta tres y cuatro meses después. "Al final, todo se dilata cerca de 12 meses", según fuentes judiciales.

Colmenar, que tiene tres personas dedicadas a esta labor en plantilla, llegó a alcanzar el año y medio retardo durante la crisis. En la actualidad, las causas se tramitan a seis u ocho meses vista, pero el colapso es tal que ya está afectando a la violencia de género. "Compartimos el servicio de Psicología con los partidos de Collado Villalba y Torrelaguna. Los informes técnicos para adultos no tardan menos de dos meses. En los procedimientos con niños, esperamos más de un año", afirma un abogado.

La Consejería de Presidencia asegura que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no ha detectado "ningún problema" en los tribunales mixtos, dado que el número de asuntos pendientes pasó de 42.328 en 2012 a 36.534 en 2013, un 13,7% menos. Sin embargo, los relacionados con agresiones a mujeres que quedaron sin solucionar crecieron de 962 a 1.003, un 4,3% más.

De todas las denunciadas por CSI-F, solo reconoce una plaza sin cubrir, la correspondiente a una baja maternal en Valdemoro, aunque el departamento que dirige Salvador Victoria asegura que ya ha iniciado el proceso para incorporar un refuerzo.

Los trabajadores públicos, sin embargo, no lo ven igual. "Estás ocupado con un embargo a una constructora por valor de un millón de euros y al momento siguiente te llega un caso de violencia de género con medidas de alejamiento. No podemos trabajar 10 y 11 horas por sistema, porque puede haber errores. Un día ocurrirá una desgracia. Que nadie diga que no lo avisamos", alertan.