El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales, un acto que costará hasta 1.200 euros si se llega al Supremo.

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entrará en vigor este jueves.

Desde mañana, por primera vez el ciudadano asumirá tasas que antes solo las pagaban personas jurídicas (determinadas empresas). Además, las tarifas sufrirán un incremento que va de los 50 a los 750 euros por trámites judiciales en determinados procesos, salvo en la jurisdicción penal.

En el preámbulo de la norma se asegura que "el derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita", pero reconoce que "en aquellos supuestos en los que se acredite "insuficiencia de recursos para litigar" la Constitución consagra la gratuidad de la justicia".

El Gobierno defiende que ichas tasas pretenden paliar la saturación de los juzgados, además de contar con unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y, en particular, de la asistencia jurídica gratuita.

La ley fija en lo civil una tasa de 300 euros por un recurso ordinario y 800 por un recurso de apelación y 1.200 por el de casación. En lo contencioso-administrativo el recurso ordinario son 350 euros. Mientras, en lo social, el recurso de suplicación son 500 euros y el de casación, 750 euros.

Quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos, es decir, los que ingresen 15.975 euros brutos al año o menos.

Desde Jueces para la Democracia apuntan que las nuevas tarifas crean "en cierto modo dos niveles de Justicia en función de los recursos: los que tengan y los que no". Además, recuerda su portavoz, Joaquim Bosch, para las grandes empresas y las fortunas "no van a suponer ningún problema, pero al ciudadano lo dejan en una situación de desigualdad". Las nuevas tasas impiden a una gran parte de la sociedad la posibilidad de acudir a los tribunales por razones económicas, lo que "resulta contrario al artículo 24 de la Constitución, por lo que la medida presenta serias dudas de constitucionalidad", ha expresado.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, mostró su "enérgico rechazo": "No es admisible incorporar en nuestro Estado de derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la defensa y en el otro el pago de una tasa".  Por su parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) denuncia  su "absoluta oposición a la medida", porque, entre otras cosas, "impedirá o limitará enormemente" el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.

El PSOE ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida. La portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, puso algunos ejemplos prácticos de la nueva tasa. Según dijo, una víctima de un accidente de tráfico que quede tetrapléjica necesitará 6.050 euros para reclamar una indemnización, otros 6.650 si tiene que presentar recurso de apelación y casi 7.000 si tiene que llegar a la casación. "Es una verdadera barbaridad", clamó.

La subida generalizada de las tasas judiciales ha sido rechazada también por otras organizaciones del sector jurídico como el Sindicato de Secretarios Judiciales. Además, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, cree que la ley de tasas supondrá "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.

Los sindicatos UGT y USO han mostrado también su rechazo a la ley de tasas judiciales, al igual que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha declarado que la medida "limita derechos constitucionales" y creará una justicia "de dos categorías", a la que se accederá "en función de los recursos económicos".

Por su lado, organizaciones de consumidores como FACUA han señalado que supone la "implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos".