La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha imputado al presidente de Unicaja, Braulio Medel, al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón y a otros miembros del Consejo Rector de la agencia pública IDEA, antigua IFA, por un presunto delito continuado de prevaricación y malversación, incluido delito continuado de falsedad, por las ayudas concedidas al grupo empresarial encabezado por José Enrique Rosendo Ríos y José María Sayago Lozano.

En el auto, la juez Mercedes Alaya ha imputado a miembros de dicho Consejo Rector como José María Bueno Lidón, Braulio Medel, Juan Carlos Soriano, Manuel López Casero, Jesús Nieto González, Juan Paniagua Díaz, Francisco García Martínez, Rafael Herrera, Francisco del Río Muñoz, Ana María Peña, Angel Garrido, Isabel de Haro, Pilar Rodríguez López, José Domínguez Abascal, Joaquín Moya-Angeler, y Felipe Romero Lubia.

Igualmente, la juez amplía la imputación del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exdirector de la Agencia Idea Jacinto Cañete. También pide que se tome declaración en calidad de imputados a Francisco Mencía Morales, Miguel Angel Serrano, Jesús María Rodríguez, Pablo Millán y Juan Vela Quiroga, que comparecerán en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla entre el 19 y 23 de mayo próximos. .

De otro lado, Alaya imputa en el auto, de más de noventa páginas, a Mencía, Cañete y Serrano un presunto delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial. La juez considera que también se podría imputar esos delitos a los integrantes del Consejo Rector de IDEA, pues a ellos les compete la propuesta de anteproyecto de presupuesto de la agencia.

Alaya considera que el IFA y su sucesora, la agencia IDEA, falsearon sus presupuestos de forma que clasificaron como "otros gastos de explotación" las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas. "Este hecho del falseamiento del presupuesto es tan trascendental, que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31 L de la Dirección General de Trabajo", afirma la instructora.

La juez considera que estas agencias andaluzas y su Consejo Rector eran conscientes de la "inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones" y por ello imputa en el caso a los integrantes de dicho Consejo a quienes correspondía, entre otras competencias, conocer periódicamente la gestión presupuestaria, que sin embargo "no reclamaron de los directivos de la agencia".

A lo largo de 71 folios, la juez Mercedes Alaya va analizando todas las actas de las reuniones del Consejo Rector entre 2001 y 2008, las personas asistentes y las votaciones realizadas y finalmente imputa a 20 personas, que se unen a las 166 ya acusadas entre altos cargos de la Junta, abogados, mediadores e "intrusos" que no tenían derecho a las ayudas.