La instructora del caso del accidente de metro de Valencia de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 más resultaron heridas, ha citado a declarar como imputados a tres responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

En un auto hecho público este jueves por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza cita a Francisco Orts, Francisco García y Vicente Contreras para que declaren como imputados el 17, el 24 y el 26 de junio, respectivamente, por haber participado en 1999 en el proyecto de colocación de balizas en el trazado de la línea 1, a la que pertenece la estación de Jesús donde tuvo lugar el descarrilamiento del 3 de julio de 2006.

El auto dice que "los trabajadores de FGV que participaron en el año 99 en el proyecto de colocación de balizas en el trazado de la Línea 1 fueron el Director de Explotación, D. Vicente Contreras, el Director Técnico, D. Francisco García y el Jefe de la Diec, D. Francisco Orts, será procedente citarlos al objeto de que sean oídos en declaración como imputados".

De esta forma, la jueza estima parcialmente a un recurso de la acusación, aunque limita a tres las personas llamadas a declarar como imputados de las seis que habían sido solicitadas (quedan fuera aunque deniega que lo hagan el interlocutor de Siemens, el jefe de mantenimiento de instalaciones fijas y el de mantenimiento de señalizaciones y comunicaciones, como reclamaba el recurrente). Los representantes del ministerio fiscal se habían adherido a la petición.

La magistrada, que reabrió la investigación por orden de la Audiencia, señala en un auto con fecha de cinco de mayo, que se ve "necesariamente vinculada" a lo ordenado por este tribunal, que acordó el pasado mes de enero que se pidiera a FGV que informara sobre las personas que, en la fecha del accidente, eran responsables de revisar periódicamente y decidir la ubicación y características técnicas y de funcionamiento de las balizas de limitación de velocidad instaladas en el tramo de Plaza España a Jesús.

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 estima parcialmente el recurso contra la providencia que acordaba posponer la procedencia de oír en declaración a varias personas y en el que solicitaba la declaración de seis personas como imputadas, basándose en las declaraciones de uno de los testigos en referencia a la programación de la baliza 1.680.

Según el recurrente, existió un error de programación y planificación de las balizas que fue determinante en el descarrilamiento y vuelco de la unidad siniestrada. En los fundamentos jurídicos, la jueza Nieves Molina duda de poder atender la petición de las partes "sin vulnerar el principio de seguridad jurídica", al haber sido ya "objeto de debate y resueltas por la Audiencia Provincial las cuestiones que plantea sobre la baliza y su programación y la inexistencia de una baliza que protegiera la curva donde se produjo el accidente y que lo hubiese evitado".

Considera que las nuevas hipótesis que pueden surgir de cómo podía haberse evitado el accidente llevan a un punto común "que no se previó, cuando se acordó por la Administración Ferroviaria la colocación de balizas en la línea 1, la protección de los puntos de limitación de velocidad preestablecidas".

Con un fragmento de una sentencia de la Audiencia de Valencia de diciembre de 2007 justifica que el análisis de las medidas de seguridad de la línea 1 "deben realizarse con criterios 'ex ante', consecuencia de las obligaciones contraídas, y no 'ex post' y como conclusión del siniestro mismo".

Igualmente, la Audiencia señalaba que "en modo alguno era previsible que el conductor del tren rebasara la velocidad del convoy como lo hizo, por el lugar que se venía circulando desde la fecha de creación de la línea de metro".

Pese a estos razonamientos, la jueza interpreta que "no existe obstáculo procesal para incidir sobre cuestiones debatidas y ya resueltas relacionadas con la colocación y ubicación de las balizas, así como la ausencia de una de ellas que controlase la velocidad del tren en la entrada a la curva".

Su auto incide en que la cuestión de la imputación fue resuelta en su día pero que "nada dice" sobre si una vez identificados a los responsables de revisar periódicamente y decidir la ubicación y características técnicas y de funcionamiento de las balizas, "deban ser oídas en declaración como testigos o como imputados".

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) ha celebrado la decisión de la instructora del caso del accidente, al haber tomado una medida que según recuerda la entidad, reclaman desde hace ocho años.

La presidenta de la Asociación, Beatriz Garrote, ha recordado que esta entidad lleva reclamando desde hace ocho años que la responsabilidad por el accidente "no podía recaer solo en el conductor, sino también en las personas que tomaron la decisiones".

Ha señalado asimismo que los informes previos de las actas del comité de seguridad en la circulación constatan la falta de medidas de seguridad en la línea 1 del metro, donde se produjo el accidente.

Garrote ha agradecido asimismo el "cambio" en la línea de actuación de la juez que instruye el caso, "que hasta ahora responsabilizaba al conductor" del suceso, "y el hecho de que se amplíe a la dirección" les parece "positivo".

Sin embargo, ha reconocido que le sorprende "el momento" de la decisión de la juez, ya que se estaba analizando la información de las balizas, los puntos donde estaban colocados los elementos de seguridad y criterios que se seguían. El hecho de que "de repente se decida imputar" a los trabajadores sin que ese informe se haya hecho público es algo que les "sorprende", ha añadido". "Creemos que estaba claro que la dirección (de FGV) tenía que dar explicaciones", según Garrote.

La consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, ha expresado este jueves su "respeto total y absoluto" por la decisión de la instructora del accidente de metro de Valencia de 2006 de citar a declarar como imputados a tres trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), lo que en su opinión es "una citación más".

La consellera ha reivindicado que siempre han respetado la investigación judicial y "los tiempos" de la justicia, con la que han colaborado y lo van a seguir haciendo, y ha pedido "a todas las partes y a todo el mundo respeto" a las decisiones judiciales.

"Se está investigando y es una instrucción, la imputación es una garantía procesal, acudirán los directivos y el proceso finalizará como tenga que finalizar", ha manifestado Bonig, quien ha indicado que "no se deben comentar" las actuaciones procesales, sino dejar trabajar a la justicia.

Ha asegurado que confía en la justicia, "porque nunca se ha ocultado nada, se ha dado toda la información, y desde luego siempre ha habido ganas de colaborar con la justicia".

"Es una citación más, en calidad de imputados, como se está citando a otros trabajadores de FGV", ha resaltado Bonig, quien ha añadido que se debe respetar la presunción de inocencia y que lo que ha hecho la juez ha sido citar a los tres técnicos "para aclarar ciertas cuestiones" tras ver "unos indicios".

"No podemos decir nada a favor ni en contra, porque simplemente son decisiones judiciales, y las decisiones judiciales no se cuestionan. A quien no esté de acuerdo, hay instrumentos legales para recurrirlas", ha concluido la consellera, quien ha mostrado su "tranquilidad" por esta citación.