La jueza Mercedes Alaya, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha asegurado en un auto notificado a las partes que espera concluir la investigación de la causa "en breve plazo".

Así se pronuncia la jueza Mercedes Alaya en un auto, en el que rechaza la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que suspendiera las declaraciones del "tándem" formado por los empresarios de la Sierra Norte José Enrique Rosendo y José María Sayago, y de los exdirectores generales de Presupuestos Buenaventura Aguilera y Antonio Vicente Lozano, previstas para el día 12 de mayo.

La Fiscalía pidió suspender todas estas declaraciones al entender que se deben formar piezas separadas y elevarlas al Tribunal Supremo al verse afectadas personas aforadas, pero la jueza recuerda el auto de 3 de abril en el que rechazó la petición de la Fiscalía para que abriera una pieza separada por cada una de las ayudas investigadas.

En el auto, la magistrada destaca "la importancia en el momento actual de mantener la continencia de la causa, sin perjuicio de lo que resulte una vez concluidas las diligencias que necesita esta instructora para dar por concluida la investigación, lo cual se estima en breve plazo".

Añade que, "habiéndose presentado por el Ministerio Fiscal recurso de apelación" contra este auto, "no teniendo carácter suspensivo al ser en un solo efecto, de conformidad con los argumentos expuestos en la resolución recurrida, como venía acordado procede denegar la formación de la pieza y por ende la suspensión de las declaraciones", concluye la jueza.

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros para José María Sayago, imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, por las ayudas recibidas por su "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla, según han informado a los periodistas fuentes del caso.

Sayago se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar ante la jueza Mercedes Alaya, que le ha imputado presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación, asociación ilícita, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Seguidamente, se ha celebrado una comparecencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público ha pedido una fianza civil para Sayago de 25 millones de euros, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce la Junta de Andalucía.