El día a día de cualquier madrileño se podría reconstruir revisando las decenas de miles de cámaras de videovigilancia repartidas por toda la región. Estos dispositivos graban los movimientos de los ciudadanos mientras pasean por la calle, cuando montan en el metro o el autobús, al entrar en el banco o en la tienda donde hacen la compra, en su oficina o incluso en su propia comunidad de vecinos. Muchas de esas cámaras pasan desapercibidas, pero están ahí y cada vez van a más.

Actualmente, hay ya 32.200 espacios con videovigilancia en la comunidad de Madrid, según los ficheros activos registrados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a 1 de abril de 2014. En la misma fecha de 2012, había 20.161 espacios bajo control, con lo que en dos años la videovigilancia se ha incrementado un 59,7%.

Pero ese es solo el número de espacios donde hay dispositivos instalados. En la práctica, el número total de cámaras puede multiplicarse exponencialmente: "Cada uno de esos ficheros corresponde a una entidad que tiene videocámaras instaladas, pero cada fichero puede contener una cámara o decenas de ellas. Por ejemplo, unos grandes almacenes pueden tener cientos de cámaras, pero a efectos de registro solo se contabiliza como un fichero", explican fuentes de la AEPD. Cuando una entidad quiere instalar un sistema de vídeo debe notificárselo a Protección de Datos y este organismo abre un fichero que permite la grabación de imágenes en el espacio inscrito.

Los expertos alertan de los riesgos que conlleva esta invasión de la videovigilancia: "La gente no sabe realmente la cantidad de cámaras que hay grabando. Pero ya es posible seguir a cualquier persona, vaya donde vaya, identificarla, ver lo que lleva encima, saber dónde entra y con quién sale", asegura Paloma Llaneza, abogada especializada en protección de datos y nuevas tecnologías. "Está cada vez más extendido, no solo en el transporte, también se incrementa en comercios y comunidades de vecinos", explica la especialista.

La normativa establece que los espacios donde se graba deben estar señalizados, hay que eliminar las imágenes en el plazo de un mes desde su captación y no se debe vigilar más allá del espacio autorizado. "Muchas veces no se cumple la ley. Por ejemplo, las cámaras de bancos o edificios no pueden estar orientadas hacia la calle, pero en ocasiones llegan a grabar una panorámica completa del exterior", advierte Llaneza. "En cualquier caso, las grandes empresas suelen ser respetuosas con la regulación", añade.

Las cámaras ya cubren prácticamente todos los rincones en los transportes públicos madrileños. La red de Metro tiene instalados unos 8.000 dispositivos en espacios abiertos a los usuarios (5.000 en pasillos y andenes de las estaciones, y 3.000 en los trenes) y toda la flota de autobuses de la EMT también está vigilada por unas 9.000 cámaras. Por su parte, tanto Cercanías como el aeropuerto de Barajas evitan dar sus cifras alegando "razones de seguridad". El Consorcio de Transportes también tiene un plan para extender la videovigilancia a todos los buses interurbanos de la región.

En las calles del centro de Madrid también es cada vez más difícil escapar del control de las cámaras. La Policía Municipal vigila ya con 147 dispositivos el entorno de la Plaza Mayor, la calle Montera y adyacentes, los alrededores de Ballesta, los barrios de Lavapiés y La Latina, y el museo al aire libre de Eduardo Dato. A todas ellas se añaden las 177 cámaras municipales de tráfico que enfocan las grandes arterias de la capital y los 280 dispositivos de la Dirección General de Tráfico repartidos por las carreteras de la región.

Ahora el Ayuntamiento prepara la instalación de 46 nuevas cámaras para controlar el tramo de Gran Vía entre Callao y la Plaza de España, el inicio de la calle Princesa, la plaza Santo Domingo, las Descalzas y el entorno de Sol (calles Preciados, Carmen y Arenal). El Consistorio está realizando los trámites para pedir la autorización judicial, con el objetivo de poder instalar el sistema antes de final de año.

Los madrileños están divididos entre quienes piden las cámaras para estar más seguros y quienes las rechazan por temor a la vigilancia constante. En el primer grupo están los comerciantes del centro, como Florencio Delgado, presidente de la asociación de empresarios de Gran Vía: "Hemos pedido más cámaras como medida disuasoria para reducir la delincuencia. En nuestra zona hay muchos tirones, carteristas y pequeños hurtos, que dan una imagen desastrosa de Madrid para los turistas. No veo la polémica: al que no tiene nada que ocultar no le debe importar que le graben caminando por la calle".

Por el contrario, hay vecinos que perciben el boom de la videovigilancia como una intromisión en su intimidad: "Hay una obsesión por la seguridad, pero no somos conscientes de que nuestra imagen y nuestra cara aparece en miles de pantallas. La vigilancia se va imponiendo de una forma silenciosa y cuando nos queramos dar cuenta tendremos una cámara apuntándonos en nuestras casas", teme Jordi Gordon, de la asociación de vecinos del Barrio Universidad.

"Además, tampoco creo que sean útiles para luchar contra los delitos: en nuestro barrio están instaladas desde 2008 y la percepción de inseguridad es la misma", añade Gordon. También en Lavapiés dudan de su eficacia: "Aquí sigue habiendo infracciones, trapicheo de drogas y hurtos pese a las cámaras. A mí no me preocupa por la intimidad, pero sí porque es un gasto innecesario", lamenta Manuel Osuna, presidente de la asociación de vecinos La Corrala. Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que desde 2012 se ha reducido un 10% la delincuencia en los puntos donde hay cámaras.