El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado el primer paso para sentar de nuevo en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al colaborador de su testaferro Ángel de Cabo, Iván Losada, por apropiarse de 4,4 millones de euros de clientes de Viajes Marsans.

En un auto, Pedraz ha concluido la causa en la que investiga la actuación de los dos directivos de Viajes Marsans y traslada a la Fiscalía y a las acusaciones los documentos de la instrucción para que formulen sus escritos de acusación.

El magistrado da diez días a las partes para que soliciten el juicio oral, ya sea formulando acusación o solicitando el sobreseimiento de la causa.

Según el escrito, desde el año 2009 Marsans dejó de pagar a los mayoristas de viajes (sociedades como Pullmantur, Catai, Tanshotel, Solplan, etc) el dinero que recibía de sus clientes por hacer reservas de viajes contratados.

A la vista de esta práctica, los proveedores comenzaron a exigir a Marsans el pago de los servicios dentro de los 30 días previos al comienzo de los servicios contratados.

Sin embargo, los responsables de Marsans, en vez de destinar los fondos de los clientes a pagar a los mayoristas, los desviaron a otros fines ajenos a la actividad de la empresa, lo que implicó un perjuicio económico para ellos, ya que perdieran los depósitos entregados a la hora de hacer la reservas y los servicios contratados.

En total, entre marzo y julio de 2010, Marsans tramitó unas reservas de 7.560 depósitos con un importe no devuelto de 4,4 millones de euros.

Pocas semanas antes de la declaración del concurso de acreedores, Marsans dio una orden interna para trasladar todo el dinero obtenido por las reservas a una cuenta de una sociedad sin actividad (Marsans Shopping) e indicaron a la red de agencias que no tuvieran efectivo en caja superior a 300 euros.

Además, Díaz-Ferrán y Pascual vendieron sus empresas a Posibilitum, controlada por Ángel de Cabo, justo antes de que fueran declaradas en concurso de acreedores en junio de 2010.

El dinero depositado en la cuenta de Marsans Shopping sirvió para realizar traspasos de fondos a otras sociedades o para la emisión de cheques, señala el auto.

El expresidente de la CEOE se enfrenta también a una petición de 15 años de prisión por parte de la fiscalía por los delitos de integración en grupo criminal, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y concurso fraudulento, dentro de la causa en la que se investiga el vaciado patrimonial de su grupo empresarial.

Asimismo, el pasado mes de diciembre fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y dos meses de prisión por defraudar a Hacienda 99 millones de euros en la compra de Aerolíneas Argentinas.