El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, pondrá fin a la instrucción del caso Nóos a partir del próximo lunes, 28 de abril, una vez concluido el plazo otorgado a las partes para que se pronuncien sobre un recurso interpuesto por el sindicato Manos Limpias.

Esta es la única diligencia que le resta por practicar al juez para poder cerrar las investigaciones, que dieron sus primeros pasos a principios de 2010 en el marco del caso Palma Arena, según fuentes jurídicas.

El magistrado tan sólo se encuentra pendiente de que la Fiscalía Anticorrupción y el resto de partes emitan sus alegaciones en torno al recurso de apelación que Manos Limpias ha presentado para pedir que tanto esta entidad como Frente Cívico Somos Mayoría, ambas acusaciones populares, litiguen bajo el mismo abogado y el mismo procurador en el marco de estas pesquisas.

En concreto, Castro ha dado cinco días a las partes -a contar desde este martes- y, transcurrido el plazo, elevará a la Audiencia Provincial de Baleares la petición de Manos Limpias para su resolución.

Asimismo, el magistrado debe incorporar al sumario en próximos días la transcripción de los interrogatorios efectuados los pasados días 11 y 12 en la Ciudad de la Justicia de Valencia así como de la declaración realizada por escrito por parte del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

De este modo, a partir de la próxima semana, siempre que ninguna de las partes solicite ninguna diligencia nueva dentro de este procedimiento, el juez dictará el conocido como auto de transformación a procedimiento abreviado, en el que decidirá si mantiene la imputación de la Infanta Cristina como primer paso para que pueda sentarse en el banquillo de los acusados.

Una resolución contra la que cabrá tanto recurso de reforma -ante el propio Juzgado- o de apelación -directamente ante la Audiencia-, y en la que Castro determinará contra quiénes de la treintena de imputados de la causa hay base suficiente para que puedan ser acusados y finalmente se sienten en el banquillo.

Así, con esta resolución dará paso a la Fiscalía Anticorrupción y al resto de acusaciones del caso para que presenten su escrito de calificación provisional en el que determinarán definitivamente a quiénes acusan y qué penas solicitan para ellos, además de pedir la apertura de juicio oral, que Castro deberá acordar a través de un auto que ya no será recurrible.

En el caso de la Fiscalía, la acusación pública contempla solicitar entre 10 y 19 años de cárcel para el Duque de Palma, a quien acusará de un delito de malversación, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración y dos delitos fiscales. La petición que formulará para su exsocio oscilará, por su parte, entre los diez y los 15 años, puesto que en su caso le será atribuido un solo delito fiscal.