Nadie se atreve a dar el primer paso. Cuando se cumplen seis meses de la obligatoriedad de cobrar a los pacientes crónicos los fármacos dispensados por los hospitales públicos, las Comunidades Autónomas remolonean. No parecen tener prisa. La pugna está en ver quién consigue ser la última región en aplicarlo. La oposición a esta medida diseñada por el gabinete de la ministra de Sanidad Ana Mato es unánime en todos los territorios. Nadie la considera una medida de ahorro eficaz, por los costes de su puesta en marcha y su nulo efecto sobre la disuasión de la adquisición de medicamentos. Pero el grado de rebeldía varía según las autonomías.

El Ministerio aprobó el pasado día 1 de octubre el repago farmacéutico sobre 157 presentaciones de 43 medicamentos destinados a procesos crónicos o graves —oncológicos, hepatitis, reproducción asistida, la artritis reumatoide o degeneración macular, entre otros —que, hasta ahora, estaban exentos de pago—. Sanidad dio el plazo hasta el 1 de enero a las Comunidades para adaptar sus farmacias hospitalarias. Otros tres meses después, metidos de lleno en abril, ninguna Comunidad está cobrando dichas medicinas, a pesar de que Sanidad insista en que es "de obligado cumplimiento".

El repago farmacéutico hospitalario implica que los pacientes crónicos no ingresados deben abonar el 10% de cada medicamento, con un límite por fármaco que rondaría los 4,20 euros. Son tratamientos que pueden rondar los 10.000 euros al año. Por el momento, tan solo los hospitales de Ceuta y Melilla aplican una medida que ha recibido duras críticas tanto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, como de las asociaciones que agrupan a pacientes afectados, entre otros los enfermos de cáncer o hepatitis C. Ambos colectivos consideran que con el repago se están poniendo "barreras" a los tratamientos.

Un chequeo a las 17 Comunidades Autónomas revela que Murcia (PP) es la región mejor preparada para aplicar el repago. "El sistema informático necesario está ya implantado en los hospitales, pero aún no está funcionando", explica una portavoz de la consejería de sanidad murciana. "Creemos que esta medida —que parte del Ministerio— debe comenzar a aplicarse de forma consensuada y coordinada en todas las regiones", añade la portavoz.

La búsqueda del consenso es una condición que plantean otras consejerías de salud. En Galicia (PP) explican que el "Servicio Gallego de Salud, el Sergas, defiende que el repago no es un asunto económico, sino homogeneizador". Por este motivo y para que los pacientes no sean discriminados "según dónde recojan sus medicamentos, ni en base a su Comunidad Autónoma de residencia", el Sergas anuncia que está "en conversaciones con otras Comunidades" —las cuales no cita— "para aplicarlo juntas". Pero no conocen la fecha probable para empezar a cumplir con Sanidad.

A la expectativa de ver quién es la primera en aplicar la medida están La Rioja (PP), Cantabria (PP) y Asturias  (PSOE), según aseguran sus respectivos portavoces sanitarios. Mientras tanto, en Aragón (PP-PAR) todavía no han encontrado "el sistema adecuado" para iniciar el cobro de dichos fármacos directamente a los pacientes, algo que "no sucederá, previsiblemente, antes del verano".

Extremadura, Madrid, Baleares o Castilla-La Mancha (todas del PP) aseguran que, medio año después, continúan en la búsqueda de una "fórmula legal" que permita a las administraciones asumir el coste de dichos medicamentos para no repercutirlo en los enfermos crónicos. Descartada la devolución de lo pagado en el IRPF, por la demora, se valoran diferentes vías, como la subvención o la ayuda.

En una tercera categoría están los territorios insumisos: los que han planteado recursos contra la medida del Ministerio de Sanidad. Son el País Vasco (PNV), Canarias (CC), Andalucía (PSOE-IU) o Castilla y León (PP). Andalucía argumenta que "se trata de una medida injusta que rompe con los principios de equidad del sistema sanitario público y que podría poner en peligro la salud de las personas afectadas". Algo más tímida, Navarra (UPN), ha planteado su "disconformidad" con la medida y ha expuesto una serie de dudas al Ministerio "que todavía no han sido resueltas".

Por su parte, Cataluña (CiU) remite a un comunicado en el que la Generalitat muestra su desacuerdo con el repago y en el que asegura "en el caso de que esta  medida pueda generar dificultad de acceso a algunos medicamentos se estudiarán mecanismos para que este repago no suponga una barrera de acceso para ningún paciente". Además, anuncia que está inmersa en la realización de "un análisis poblacional y de consumo de estos medicamentos" para analizar las consecuencias del repago farmacéutico hospitalario.

En la oposición a este recorte cuya andadura comenzó en octubre de 2013 no hay colores políticos. Basta como prueba el ejemplo del consejero valenciano de Sanidad, Manuel Llombart, del Partido Popular, quién aseguró recientemente que la Comunidad Valenciana será "la última" región española en aplicarlo. Hasta que no esté implantado en el resto de España, no entrará en vigor en su autonomía, dijo.