La sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid inicia hoy el juicio por los supuestos pagos de fondos reservados a las mujeres de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez para que mantuvieran silencio sobre el "caso GAL" con el planteamiento por las partes de las cuestiones previas.

¿Quiénes estarán en el banquillo?

En el banquillo de los acusados de la Audiencia se sentarán el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, su ex secretario, Juan de Justo, el coronel de la Guardia Civil Félix Hernando y el policía Anibal Machín.

La Fiscalía Anticorrupción reclama:

Además, acusa a Amedo y Domínguez y a sus respectivas esposas, María Angeles Acedo y Alicia Sánchez, como responsables civiles.

Delito continuado de malversación de caudales

El fiscal pide para Vera, por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concepto de autor, siete años de prisión e inhabilitación absoluta por dieciséis años y precisa que en el caso de dictarse sentencia condenatoria podría entenderse abarcada en las condenas ya establecidas contra él por el Tribunal Supremo.

Desde agosto del año pasado disfruta del régimen abierto en la prisión de Segovia.

El representante del Ministerio Público también pide para el ex secretario de Vera, por un delito continuado de malversación de caudales públicos en calidad de cooperador necesario, cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por diez años.

Indemnizaciones

Además, reclama que Vera y Juan de Justo indemnicen al Estado en más de 1.420.209 euros y para Domínguez y su esposa el fiscal pide que paguen al Estado 737.441 euros por el dinero recibido y Amedo y su mujer 677.340 euros.

Según el fiscal, a raíz del ingreso en prisión de Amedo y Domínguez el 13 de julio de 1988 por su implicación en los crímenes cometidos por los GAL Vera, tras entrevistarse con las respectivas mujeres de éstos, "decidió compensar la disminución de ingresos que para ambas y para sus familias había supuesto el ingreso en prisión de sus maridos".

"El pago de estas cantidades tenía como objeto garantizar el silencio de los dos procesados, a quienes el acusado había prometido el indulto, y evitar así que delatasen a otros implicados en la trama de los GAL", agrega el fiscal, quien afirma que "esta decisión fue tomada por el acusado con pleno conocimiento (..) de que los fondos reservados no se podían destinar a cubrir este tipo de gastos".