Hace 15 días Vera ya había manifestado su intención de ingresar voluntariamente en prisión en cuando tuviera solucionadas las gestiones para su jubilación como funcionario del Ayuntamiento de Madrid y sin esperar al primero de marzo.
Rafael Vera pasará la noche en la efermería de la prisión debido a que, en algún momento, había anunciado la posibilidad de inciar una huelga de hambre y el jueves por la mañana será visto por el médico y por el equipo de tratamiento, integrado por un educador y un psicólogo, entre otros, para su clasificación.
El Tribunal Supremo ratificó en octubre pasado un fallo de la Audiencia de Madrid que condenó en 2002 a Vera y al ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado por un delito de malversación de fondos.
Una petición de indulto para Vera hecha por el ex presidente del Gobierno Felipe González y otros ex altos cargos socialistas no prosperó. Vera presentó después un recurso de amparo ante el Constitucional contra la sentencia del Supremo que estableció la condena.
Tercer ingreso de Vera en la cárcel
Este es el tercer ingreso de Rafael Vera en la cárcel desde 1998. El primer encarcelamiento fue el 10 de septiembre de 1998 tras ser condenado por el Tribunal Supremo a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos por el secuestro de Segundo Marey.
El Gobierno concedió el 23 de diciembre de 1998 un indulto parcial para todos los condenados por el "caso Marey", y Vera abandonó la cárcel de Guadalajara, donde había sido ingresado.
Sin embargo, el 16 de mayo de 2001 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió que Vera y resto de los condenados volvieran a la cárcel para terminar de cumplir la condena impuesta. El 30 de mayo el ex secretario de EStado para la Seguridad ingresó en el centro de inserción social "Victoria Kent" de Madird, de donde salió por la tarde en régimen abierto.
Hoy Vera regresa a prisión por el "caso de los fondos reservados", por el cual la Audiencia Nacional le condenó a siete años por un delito continuado de malversación de caudales públicos.
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