Recolocaciones sonadas, retiros dorados e incluso vueltas al sector del que fueron expulsados. Los 1,2 millones de indemnización por despido improcedente fijados por la Audiencia de Barcelona en favor de los exdirectivos de Catalunya Banc (Adolf Todó y Jaume Masana) ha reabierto el debate sobre la situación con la que se marcharon los antiguos banqueros de las entidades financieras españolas que han sido rescatadas. Hasta el momento la crisis financiera española se ha saldado con un centenar de banqueros imputados y tres en la cárcel.

Al menos siete cajas y bancos han sido intervenidos por las autoridades españolas (CCM, CAM, BFA-Bankia, Novagalicia, Catalunya Banc, Banco de Valencia, Unnim...). El resultado: Más de 61.365 millones de euros empleados en recapitalizar estas entidades. En aras de transmitir austeridad y contención en los gastos, el Ministerio de Economía aprobó a mediados de 2012 una normativa que limitaba a un máximo de 500.000 euros las remuneraciones de los directivos de bancos y cajas con ayudas públicas.

Pero antes de esta nueva regulación, las entidades disponían de una libertad casi total para remunerar a sus más altos cargos, aparentemente sin importar el estado y la solvencia de la entidad que dirigían. Así, en 2011 el consejo de administración de Bankia —comandado entonces por Rodrigo Rato— anuló el bonus millonario que el anterior presidente, Miguel Blesa, había diseñado para la cúpula directiva. Eran más de 25 millones de euros entre 2007 y 2010, años en los que los beneficios de la entidad se desplomaron, y por los que Blesa cobraría unos 2,8 millones por su salida de la caja, tal como informó entonces el diario La Razón.

El propio Rodrigo Rato dio continuidad a su carrera tras dimitir de su cargo en BFA-Bankia en mayo de 2012 y renunciar a la indemnización a la que, en principio, tenía derecho. Pese a encontrarse en situación de querellado a raíz del desplome en Bolsa de la entidad, el exvicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI ha encontrado acomodo en otras dos grandes compañías del Ibex: en enero de 2013 fichó por Telefónica como asesor externo, mientras que el pasado mes de septiembre lo hizo por el Banco Santander, a quien prestará sus servicios como asesor externo.

El expresidente de Catalunya Caixa (matriz de Catalunya Banc) Adolf Todó y el exconsejero delegado, Jaume Masana, deberán recibir una indemnización de 600.000 euros cada uno o ser readmitidos en la entidad, después de que la justicia catalana haya declarado su despido como improcedente. Todó y Masana fueron despedidos sin derecho a indemnización en 2013, después de que el FROB se hiciera cargo completamente de la entidad.

El juez ha estimado parcialmente la demanda promovida por los dos antiguos altos cargos, ya que considera que no queda acreditado por parte de la entidad nacionalizada que los dos incurrieran en incumplimientos o dejación de sus funciones, como argumentaba el FROB. La sentencia, que no es aún firme, será recurrida por las autoridades, tal como ya ha adelantado el ministro de Economía, Luis de Guindos.

Respecto a esta entidad, la Fiscalía también había abierto denuncias contra el expresidente Narcís Serra y otros 51 exaltos cargos, en relación a los altos cobros percibidos por la cúpula de la entidad catalana. El exministro Serra, que percibía 1,2 millones de euros anuales, según publicó Eldiario.es, declaró en sede judicial que las subidas de sueldo que se autoimpusieron fueron legales, leales y convenientes. Actualmente está retirado de la práctica bancaria, si bien preside el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) y es vicepresidente de Telefónica Chile, tal como consta en su currículum.

La entidad gallega, que recibió una ayuda pública de más de 8.900 millones de euros, ha estado envuelta en varios escándalos a cuenta de los salarios y las indemnizaciones de sus cúpulas directivas. En octubre de 2011, saltó la noticia de que al menos dos exaltos directivos de NGC (José Luis Pego y Óscar Rodríguez) habrían recibido indemnizaciones millonarias. La investigación judicial fue ampliándose y ha llegado hastas las más altas instancias. Actualmente están imputados cuatro exconsejeros de Novagalicia y otros cinco exdirectivos, entre los que se encuentra el expresidente Julio Fernández Gayoso. Fueron tales las malas prácticas que incluso la nueva directiva pidió perdón a los clientes en una campaña de publicidad del banco.

En su conjunto se reclama que devuelvan blindajes que se autoconcedieron y que oscilaban entre los 690.000 euros y los 7,8 millones de euros (entre pensiones e indemnizaciones) que se cobraron, presuntamente, de forma indebida y a pesar de conocer la delicada situación que atravesaba la entidad. El asunto está actualmente en manos de la Audiencia Nacional. El magistrado que instruye el caso sospecha que estos antiguos altos cargos se embolsaron de forma irregular una cantidad de 18,9 millones de euros, equivalente al 10% del patrimonio de la entidad.

La exdirectora de la antigua Caja Mediterráneo —una entidad cuyo rescate costará cerca de 15.000 millones— María Dolores Amorós fue despedida en septiembre de 2011 por parte de los gestores del FROB, que concluyeron que no merecía derecho a ninguna indemnización, debido al lamentable estado en el que dejó la entidad. Amorós, sin embargo, y pese a estar expedientada por el Banco de España, inició una batalla legal contra la administración.

La antigua máxima directiva de la CAM reclamaba judicialmente más de 10 millones de euros en concepto de indemnización por despido improcedente, una cantidad tildada de "desproporcionada" por parte de los nuevos gestores de la entidad, toda vez que también acusaron a Amorós de falsear y manipular las cuentas y los resultados de la caja, que ha acabado por resultar uno de los mayores agujeros financieros de la historia de España. En junio del año pasado el Tribunal Supremo sentenció que la otrora directiva no tenía derecho a indemnización alguna.