El juicio por el despido de la ex directora general de Caja Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós ha quedado visto para sentencia, tras cinco horas de vista oral en la que la defensa ha negado que se falsearan cuentas económicas mientras que la acusación ha apuntado manipulación contable.

Tras las exposición de los informes, la aportación de pruebas documentales y la declaración ante la sala de testigos y peritos, será ahora la titular del Juzgado de lo Social 4 de Alicante la que decidirá si el despido de Amorós fue improcedente.

La ex directora general de CAM, acompañada por su dos letrados, ha abandonado el edificio judicial entre insultos por parte de dos titulares de acciones preferentes. De hecho, Amorós ha optado por introducirse junto a uno de sus abogados en un portal abierto de un edificio cercano para intentar evitar a los medios de comunicación y a las personas que la han seguido por la calle para descalificarla.

La representación legal de Amorós ha pedido que el despido sea declarado improcedente, decisión que, de alcanzarla, podría conllevar el cobro de una indemnización cifrada, según la acusación particular, en diez millones de euros. Además, ha instado a que se respete la pensión vitalicia de 369.497 euros al año aprobada cuando estaba al frente de la entidad, que posteriormente fue derogada.

La abogada de la Caja Mediterráneo (CAM) ha considerado desproporcionada la petición de diez millones de euros de indemnización en concepto de lucro cesante solicitada por Amorós.  Los 10 millones de euros corresponden a la cantidad que hubiera cobrado en los 17 años que le quedaban como empleada de la caja antes de su jubilación. Además de esta cantidad, pide el doble de la cuantía que le correspondería en concepto de indemnización por despido improcedente.

En su exposición de hechos, la abogada de la entidad bancaria alicantina ha apuntado que Amorós "falseó cuentas, manipuló resultados y ocultó información".  Ha explicado que la exdirectora general de CAM, cargo que ostentó entre diciembre de 2010 y septiembre de 2011, informó al Consejo de Administración y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de "la buena situación de CAM" en el primer trimestre del año pasado cuando "la morosidad de los créditos y la falta de provisión" ante los impagos era evidente.

Amorós, expedientada por el Banco de España y denunciada por estafa, delito societario y falsedad documental ante la Audiencia Nacional, acudió al juzgado acompañada por su letrado, a las 09.55 horas. Al llegar, fue insultada con gritos de "choriza", "ladrona" y "corrupta" por parte de una mujer, titular de unas acciones preferentes de Caja Mediterráneo (CAM).

Amorós fue despedida el 28 de septiembre de 2011 por los nuevos administradores de CAM a raíz de la intervención del Banco de España. Las razones ofrecidas para el despido fueron que había buscado "el beneficio propio, falseando las cuentas y realizando una gestión deficiente" mientras ocupaba el cargo de directora general.

Además, los administradores nombrados por el  Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) también consideraron "reprobable" su sueldo y la pensión de por vida y concluyeron en su informe que Amorós "actuó en beneficio propio al calcular su propia pensión vitalicia", y cuestionaron su gestión por "falsear las cuentas para ocultar la debilidad financiera de la entidad" y por llevar a cabo una "deficiente gestión".

La comisión ejecutiva del Banco de España decidió el pasado 9 de febrero abrir un expediente sancionador contra los antiguos directivos de la CAM por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Con la apertura del expediente, se inicia un proceso que podría concluir con la imposición de sanciones leves o graves por parte del Banco de España o, en último extremo, con sanciones muy graves, en cuyo caso el encargado sería el Ministerio de Economía.

El pasado mes de septiembre, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, calificó de "escandalosa" la gestión de los exdirectivos de la CAM, entidad a la que tachó de ser "lo peor de lo peor". Los accionistas del Banco Sabadell han autorizado este viernes la ampliación de capital del banco hasta un 43%, mediante la emisión de casi 692 millones de acciones, con el fin de mejorar su fortaleza ante la futura integración de la CAM.